“Prestigiosos juristas ya han identificado otras soluciones legales que no atentan contra el patrimonio nacional y que son mucho más ventajosas tanto para el Sur como para el resto del país”, expresó PC en un comunicado. Luego de calificarlo de ilegal e inmoral, el movimiento Participación Ciudadana afirmó que el acuerdo anunciado es “inaceptable” y que esa posición resta calidad moral al gobierno del presidente Danilo Medina y lo hace “cómplice” de una larga cadena de violaciones legales y constitucionales.
Al mismo tiempo dijo que la decisión del Poder Ejecutivo de “premiar” con un 45% del valor de los terrenos a los adquirientes ilegales, implica el rompimiento de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.
De su lado, Finjus entiende que constituiría un “gravísimo” precedente que el Poder Ejecutivo, de manera unilateral y al margen de una decisión jurisdiccional definitiva, confiera derechos a propietarios de origen ilegítimo, por considerar que mermaría la seguridad jurídica de la República Dominicana.
En ese sentido, sugirió al presidente Medina que ordene la revisión de las decisiones tomadas con el fin de que no vulnere la Constitución y las leyes.
Pésimo mensaje para otras personas
Participación Ciudadana consideró que el Gobierno envía un “pésimo” mensaje cuando justifica el acuerdo en la lentitud de la Justicia, pues fomenta que otras personas sigan su ejemplo y se hagan justicia por su propia mano.
“En adición, las actas de audiencia del caso inmobiliario revelan que la dilación del caso ha sido principalmente responsabilidad de la representación del Estado”, explicó la institución en el documento en el cual fija su posición.
Participación Ciudadana dijo que ha quedado claramente demostrado el esfuerzo del Gobierno de manejar el tema en cuestión a espaldas de la ciudadanía y cuestionó el hecho de que no han sido divulgadas las identidades de las personas que serán los beneficiarios finales del fraude cometido.
“Llamamos la atención sobre una cláusula existente en el borrador del contrato de transacción que circula, que permite a los adquirientes ilegales no aportar las tierras por ellos robadas al fideicomiso que se constituiría, y quedarse con el 100% de las mismas siempre y cuando paguen al Estado el 55% de su valor, lo que implicaría darle una opción de comprar esas tierras que siempre han pertenecido al Estado”, dice.
“Esta condenable acción”, explicó, “viene a reafirmar el régimen de impunidad imperante en la República Dominicana desde hace décadas”.
Finjus sostuvo que la discusión nacional que se ha suscitado a propósito del acuerdo “pone nuevamente en evidencia las graves debilidades institucionales que arrastran el país y las amenazas que se ciernen sobre la seguridad jurídica y algunas áreas del Estado de Derecho”.
“Los acuerdos que se anuncian sobre los títulos de los terrenos de las parcelas 40 y 215-A en la Bahía de las Águilas, parecen ser más el producto de las presiones coyunturales y las ansias particulares, que del interés general, el desarrollo de la región Sur y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”, explicó.
Sin embargo, la entidad también precisó que, al mismo tiempo, es una nueva oportunidad para que la sociedad haga conciencia de la importancia de profundizar en la reforma del sistema de justicia y se avance sin tardanza en la adecuación de nuestras leyes e instituciones para que se correspondan con los principios constitucionales proclamados en enero de 2010.
Finjus señaló que el elemento central sobre el que debe girar la discusión sobre los títulos de los terrenos de las parcelas 40 y 215-A es el origen ilícito de las operaciones inmobiliarias y las gestiones que desde diferentes estamentos del Estado se realizaron en los últimos años sobre este conflicto.
Entiende que la litis judicial, que se ha prolongado por más de quince años, es la combinación de factores como prácticas ilegales, desidia y desinterés de funcionarios públicos, prevaricación e inercia procesal.
“Muchos de los aspectos claves de la situación planteada tienen solución mediante la aplicación transparente y enérgica del marco normativo vigente”, subrayó.
Medina sigue escuchando opiniones
El presidente Danilo Medina se reunió ayer en la mañana con la abogada Laura Acosta Lora, quien conoce y conserva el expediente judicial instrumentado por su madre hace 14 años sobre la litis de los terrenos en Bahía de las Águilas.
La abogada, hija de Piky Lora, exdirectora General de Catastro, acudió al Palacio Nacional acompañada de su tío el periodista Huchi Lora, atendiendo a una invitación del jefe de Estado.
“Vine aquí a decir unos hechos y a enseñar todas las pruebas. El Estado no tiene que darle nada a nadie porque esas tierras son suyas”, expresó la abogada tras la reunión.
Lo que procede es anular los títulos
Asimismo, Lora Acosta narró que le explicó al Presidente que el Estado dominicano es el dueño absoluto de esos terrenos y por tanto, que lo único que procede es anular los títulos “fraudulentos”.
Acosta Lora dijo que el Presidente es una persona “muy atenta” y que escuchó con mucha atención cada cosa que le explicó sobre el controversial caso.
“Me parece que el Presidente tiene la voluntad de que lo que vaya a hacer ahí, si no ha sido transparente, hacerlo de una manera transparente y sobre todo habiendo escuchado a todo el mundo”, expresó.
Manifestó que los retrasos en este proceso judicial por los terrenos expropiados en Pedernales se deben a que el propio Estado es quien lo ha solicitado, en lo que coincide con los planteamientos de Finjus y PC.
Acosta Lora dijo que la mayoría de los terrenos en cuestión están dentro de las áreas protegidas, excepto la zona donde está la cementera de Cabo Rojo y “un pedacito” antes de entrar a Bahía de las Águilas.
“Yo he dicho desde el principio que no hay que esperar ningún tiempo, porque los tribunales se han retrasado, precisamente porque quien ha solicitado los aplazamientos ha sido el propio Estado. Si hay ahora voluntad del Estado de acelerar los cosas…todo con voluntad se puede”, precisó.
Realizan vigilia frente al Palacio contra decisión
Ciudadanos realizaron ayer una vigilia frente al Palacio Nacional como forma de presionar al presidente Medina para que eche para atrás su decisión sobre la litis en Bahía de las Águilas.
Los manifestantes señalaron que realizarán la misma concentración todos los miércoles de 5:00 a 7:00 p.m. frente al Palacio hasta que el Gobierno revoque el acuerdo “fraudulento”.
Jesús Adón, Max Puig y otros dirigentes anunciaron que el próximo 10 de marzo realizarán una manifestación en el Parque Independencia, así como otras actividades en las que se incluye un campamento en Bahía de las Águilas.
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