viernes, 4 de febrero de 2011

Aumentan de RD$50 a RD$500 la certificación por accidentes de tránsito

ANTO DOMINGO. Obtener de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) una certificación del acta por accidente de tránsito, cuesta en la actualidad RD$500, diez veces más que los RD$50 que se pagaba hace menos de dos meses.

El incremento lo hizo Amet de manera administrativa y según su vocero, José Jáquez, es para cubrir los gastos del trámite. El aumento ha generado quejas entre los usuarios que entienden que éste no se justifica, pero además, es calificado como arbitrario e ilegal de parte de juristas que aseguran que la Amet no tiene facultad para establecer o cobrar ningún arbitrio.

"Cómo es posible que una persona agredida vaya a buscar protección a una entidad estatal y entonces tenga que salir a buscar una cantidad de dinero así, eso no debería ser", comentó Melinton Adames, mientras copiaba de una nota colgada en la pared de la oficina de la Amet en Santo Domingo Este, el número de la cuenta del Banco de Reservas donde tiene que hacer el depósito por la certificación.

La cuenta es la 010-238983-7 y según el aviso de fecha 20 de diciembre del 2010, firmado por la segundo teniente Dulce Carela Peguero, encargada del Departamento de Accidentes de Tránsito, la tarifa es de RD$250 para las certificaciones de motocicletas. Indica que para obtener el servicio se requiere, además, llevar el recibo de pago con una copia y otras tres del acta levantada.

"Es una actuación abusiva y es una estafa lo que se están haciendo a la ciudadanía cobrando ese dinero, porque no están facultados para cobrarlo y lo hacen", sostiene el abogado penalista Pedro Duarte Canaán.

Indica que, tal como lo establece la Constitución, sólo el Congreso Nacional tiene la potestad para crear los impuestos, por lo que dice, la Amet se ha abrogado un derecho que no le asiste. "La Amet inobserva y violenta la Constitución cuando de manera administrativa cobra dineros para expedir esas certificaciones, porque carece de autoridad legal para ejecutar cobranzas", insiste el abogado, aunque reconoce que esa es una práctica que se ha profundizado desde que las certificaciones se otorgaban en la Policía Nacional (PN) y que forman parte del desorden que impera además en otras instituciones del Estado.

Sin embargo, el vocero de Amet dice que la medida se basa en el artículo 128 de la Ley 96-04 de la PN, el cual establece que "se destinará para uso de la PN..., el 75% de las sumas provenientes de las recaudaciones producto de la emisión de cualquier tipo de certificado o documento que la institución expida a los ciudadanos y a cualquier entidad privada". Indica, asimismo, que el 25% restante se destinará a la Dirección General de Impuestos Internos.

"No hay lugar en que no se cobre la certificación y eso está dentro de las atribuciones administrativas de la Policía Nacional y nosotros somos subalternos de la Policía", se defendió Jáquez. Indicó que el cobro, que calificó de normal, se hace en la Amet desde que a mediados del 2010 pasaron a esa entidad los trámites por accidentes que antes estaban en la Policía.

Gratis en la casa del conductor

La certificación del acta policial por accidentes se emite a solicitud de los dueños de vehículos, para cumplir un requisito que les hacen las aseguradoras, como garantía para cubrir los daños causados. En la Amet no existen estadísticas claras de cuántas certificaciones otorgan, ni el monto recaudado, pero según cálculos del Departamento de Proceso de Accidentes, en el Distrito Nacional se expiden no más de cinco diarias. El promedio diario en la provincia es de unas 15, según la teniente Carela Peguero. En la casa del conductor no se pagan, según aseguró Evelin Cadet, coordinadora de la entidad.


Conep se opone a cambios en ley sobre días feriados

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) expresó ayer su respaldo a la Ley de Días Feriados vigente, por entender que fue ampliamente debatida cuando se conoció y posteriormente se aprobó en el Congreso Nacional.

El organismo, cúpula del empresariado, consideró que sería una falta de coherencia si ahora, por circunstancias particulares debido a algún feriado reciente, se produjera una variación en esa legislación, ya que la misma fue ponderada en su momento y los diferentes sectores tuvieron la oportunidad de pronunciarse al respecto.

El Conep recordó que muchas actividades empresariales amparadas en la actual legislación han logrado formalizarse e incrementarse, incluso se han programado muchas inversiones en base a un calendario ya establecido que toma muy en consideración los actuales feriados.

Advirtió que de producirse un cambio en la señalada Ley, se haría un grave daño que afectaría sensiblemente al comportamiento de esos negocios, además de que enviaría una señal negativa de falta de consistencia, respeto al cumplimiento de la Ley e incertidumbre que se ofrecería con dicha actuación.

También la Asociación de Industrias de la República Dominicana consideró ayer que la Ley 139-97 que establece la movilidad de algunos días feriados ha sido positiva para el país, por lo que no debería ser derogada.

La ley, explicó Ligia Bonetti de Valiente, presidenta de la AIRD, fue solicitada en su momento por el sector empresarial, en el entendido de que las interrupciones en medio de semana sólo entorpecen la productividad de las empresas y no favorece a los trabajadores.

El Senado conocerá en su próxima sesión un proyecto de ley sometido por la vicepresidenta del hemiciclo, Cristina Lizardo, para modificar la Ley 139-97, con el objetivo de que el feriado del 26 de enero, Día del Patricio Juan Pablo Duarte, no sea movido de fecha. El proyecto ya fue aprobado en primera lectura.

La petición también había sido hecha por el senador de Espaillat, José Rafael Vargas.

La legisladora peledeísta adelantó que en el proyecto se incluirá el 6 de enero, Día de los Santos Reyes, tal y como pidió el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.

Pelegrín Castillo
El autor de la ley, Pelegrín Castillo, aclaró que esa legislación no cambia días, sino todo lo contrario, ya que estipula que los días de las efemérides se deben realizar eventos conmemorativos en todos los centros públicos y privados.

“Esa parte nunca se ha cumplido. El problema es de fondo”, precisó.

El Estado concesionará reparación de autopistas

El Gobierno entregará el cobro de los peajes a una empresa privada, que en cambio se encargará de la rehabilitación y mantenimiento de las principales autopistas del país.

Con ese propósito, el Poder Ejecutivo sometió ayer al Senado el contrato de Concesión Administrativa en Régimen de Peaje, suscrito entre el Estado dominicano y el Consorcio Dominicano de Vías Concesionadas (Dovicon), para los trabajos de diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del proyecto Vial Viadom, por un monto de US$471.9 millones.

El ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, fue la persona que negoció el contrato el pasado 20 de enero, el cual comprende la rehabilitación, operación y mantenimiento de la autopista Duarte desde Santo Domingo hasta el acceso sur de Santiago de los Caballeros, en un tramo de 127 kilómetros.

También la rehabilitación, operación y mantenimiento de la autopista Seis de Noviembre, unos 10 kilómetros aproximadamente, y la tercera etapa para la rehabilitación de la autopista Santiago-Navarrete y el mantenimiento de la que conduce de Navarrete a Puerto Plata, unos 44 kilómetros.

El contrato abarca además la construcción, operación y mantenimiento de la Circunvalación de Santiago, con una longitud de unos 24 kilómetros. Incluye la ampliación a cuatro carriles, rehabilitación y operación de la carretera Navarrete-Puerto Plata.

La sexta etapa del convenio incluye la operación y mantenimiento de la autopista San Cristóbal-Baní, bajo el entendido de que la concesionaria no tendrá obligaciones de diseño, financiamiento y/o construcción, con relación a esta etapa.

El plazo de ejecución y construcción de la obra es de cuatro años y 6 meses y el de operación y mantenimiento, 30 años.

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LAS EMPRESAS QUE PRECALIFICARON
El 1 de octubre de 2008, Díaz Rúa informó que nueve compañías constructoras, nacionales y extranjeras, precalificaron para participar en la licitación. Explicó que VIADOM serviría para concesionar 270 kilómetros de carreteras, y tendría un costo de unos US$400 millones. Informó que esas empresas eran las brasileñas CCR Compañía Concesiones Rodovía y Constructora Odebrecht; y Latinoamericana de Rodovías Participaciones y Emprendimientos, S.AConstructora MC, de capital colombiano y dominicano.

Además, Coviandes, S,A-Pisa, S.A-Corficolombiana, S.A.- EDL LTD.,CEI, S.A., Gómez Cajiao & Asociados; MNB, S.,A y Vergel Castellanos, de Colombia, y Autopistas Dominicanas (Autodom), de capital colombiano y dominicano, entre otras.

Educación suspende el suministro del desayuno

El ministro de Educación, Melanio Paredes, anunció anoche la suspensión total del programa de desayuno escolar, debido a la falta de garantías para preservar el bienestar y las propias vidas de los estudiantes.

Paredes dijo a LISTÍN DIARIO que la medida fue adoptada en función de una recomendación hecha por el propio presidente Leonel Fernández, en el sentido de que si no había manera de garantizar el programa, es mejor que éste se suspenda.

El funcionario confirmó anoche cinco nuevos casos de chicos, cuatro niñas y un niño, intoxicados por el desayuno escolar en dos escuelas de Haina: la Ramón Matías Mella y la Ercilia Pepín, ahora internos en el hospital municipal de ese municipio.

El pasado martes, en la reanudación del programa en las escuelas públicas del país, 17 niños de dos centros primarios de Cotuí tuvieron que ser hospitalizados con síntomas de intoxicación, luego de tomar leche y comer bizcochos suministrados por una empresa de San Francisco de Macorís.

Poco después Paredes confirmó la información, pero aclaró que no se trató de una intoxicación, sino de “resistencia a la lactosa”.

Ya no más
“Ante esos hechos y una serie de eventos menores registrados entre ayer y hoy, y por instrucciones del presidente Fernández, anunció que a partir de este viernes, en ninguna escuela del país se suministrará el desayuno escolar, ni sólidos ni líquidos”, dijo el funcionario.

Paredes explicó que el gobierno trató de preservar el programa por su importante impacto social y educativo, pero al no poder asegurar su buen funcionamiento es necesario suspenderlo para minimizar riesgos que involucran a un millón quinientos mil niños que se benefician del programa.

El funcionario agregó que la cartera descubrió una “cadena de complicidades e inobservancias” en la línea del suministro que no permiten garantizar que los casos de intoxicaciones no continúen produciéndose. Paredes citó el ejemplo de algunas cafeterías que sirven otros alimentos no incluidos en el programa.

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