El incremento lo hizo Amet de manera administrativa y según su vocero, José Jáquez, es para cubrir los gastos del trámite. El aumento ha generado quejas entre los usuarios que entienden que éste no se justifica, pero además, es calificado como arbitrario e ilegal de parte de juristas que aseguran que la Amet no tiene facultad para establecer o cobrar ningún arbitrio.
"Cómo es posible que una persona agredida vaya a buscar protección a una entidad estatal y entonces tenga que salir a buscar una cantidad de dinero así, eso no debería ser", comentó Melinton Adames, mientras copiaba de una nota colgada en la pared de la oficina de la Amet en Santo Domingo Este, el número de la cuenta del Banco de Reservas donde tiene que hacer el depósito por la certificación.
La cuenta es la 010-238983-7 y según el aviso de fecha 20 de diciembre del 2010, firmado por la segundo teniente Dulce Carela Peguero, encargada del Departamento de Accidentes de Tránsito, la tarifa es de RD$250 para las certificaciones de motocicletas. Indica que para obtener el servicio se requiere, además, llevar el recibo de pago con una copia y otras tres del acta levantada.
"Es una actuación abusiva y es una estafa lo que se están haciendo a la ciudadanía cobrando ese dinero, porque no están facultados para cobrarlo y lo hacen", sostiene el abogado penalista Pedro Duarte Canaán.
Indica que, tal como lo establece la Constitución, sólo el Congreso Nacional tiene la potestad para crear los impuestos, por lo que dice, la Amet se ha abrogado un derecho que no le asiste. "La Amet inobserva y violenta la Constitución cuando de manera administrativa cobra dineros para expedir esas certificaciones, porque carece de autoridad legal para ejecutar cobranzas", insiste el abogado, aunque reconoce que esa es una práctica que se ha profundizado desde que las certificaciones se otorgaban en la Policía Nacional (PN) y que forman parte del desorden que impera además en otras instituciones del Estado.
Sin embargo, el vocero de Amet dice que la medida se basa en el artículo 128 de la Ley 96-04 de la PN, el cual establece que "se destinará para uso de la PN..., el 75% de las sumas provenientes de las recaudaciones producto de la emisión de cualquier tipo de certificado o documento que la institución expida a los ciudadanos y a cualquier entidad privada". Indica, asimismo, que el 25% restante se destinará a la Dirección General de Impuestos Internos.
"No hay lugar en que no se cobre la certificación y eso está dentro de las atribuciones administrativas de la Policía Nacional y nosotros somos subalternos de la Policía", se defendió Jáquez. Indicó que el cobro, que calificó de normal, se hace en la Amet desde que a mediados del 2010 pasaron a esa entidad los trámites por accidentes que antes estaban en la Policía.
Gratis en la casa del conductor
La certificación del acta policial por accidentes se emite a solicitud de los dueños de vehículos, para cumplir un requisito que les hacen las aseguradoras, como garantía para cubrir los daños causados. En la Amet no existen estadísticas claras de cuántas certificaciones otorgan, ni el monto recaudado, pero según cálculos del Departamento de Proceso de Accidentes, en el Distrito Nacional se expiden no más de cinco diarias. El promedio diario en la provincia es de unas 15, según la teniente Carela Peguero. En la casa del conductor no se pagan, según aseguró Evelin Cadet, coordinadora de la entidad.
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