miércoles, 9 de febrero de 2011

Familia víctima del crimen “condenada” al sufrimiento

Una toallita blanca acompaña a Carmen Colón a todas partes, para secarse las lágrimas que brotan de sus ojos a cada instante.

Se ha convertido en el confidente de esta humilde señora, de 73 años, y sabe el sufrimiento que ha padecido durante los últimos cuatro años, desde que pasó a ser una víctima de la delincuencia.

Los ojos se le humedecen cuando comienza a narrar su caso, junto a un hijo suyo, Vicente, quien también ha sido víctima de la delincuencia, producto de un primer suceso de violación a la ley penal que cambió la vida de esta familia. La historia comenzó en el 2006, cuando una nieta de Carmen, de 13 años, fue violada sexualmente por un vecino.

“Es que no es fácil, mi nieto muerto y a mi hija le mocharon la cabeza
Carmen Colón, víctima de la delincuencia..

La madre de la niña, Teresa Colón, puso una querella en la Fiscalía del Distrito Nacional, a la cual le daba seguimiento en compañía de su hermano Vicente.

Esa acción colmó la ira del victimario, quien todavía andaba suelto, pero no se había alejado completamente de esta familia, a la que amenazaba constantemente con agredirla, hasta que un día cumplió su promesa.

Un hijo de Vicente, de 21 años, fue la segunda víctima, al que asesinó el mismo violador en compañía de dos primos. No conforme con ese hecho, el violador y sus cómplices continuaron llevando luto a la casa de Carmen. Y en el 2008 mataron a su hija Teresa, la madre de la menor que había sido violada, cortándole el cuello con un cuchillo.

Más tarde, le cortaron la mano a otro nieto de Carmen.

Residente en el empobrecido sector Los Guandules, Colón ha visto cómo su salud física y emocional se ha ido deteriorando, teniendo que recibir atenciones psicológicas por más de tres meses.

“Es que no es fácil, mi nieto muerto y a mi hija le mocharon la cabeza”, comenta con dolor, mientras se lleva la toallita blanca a los ojos para secarse las lágrimas que no pudo contener al recordar el tiempo que tiene su hija de fallecida. Los victimarios fueron apresados en San Juan de la Maguana y sometidos a la justicia, pero tres años después de ocurrir el primer hecho.

El suceso trágico ha dividido a dos familias en un mismo sector, porque víctimas y victimarios eran vecinos y crecieron en el mismo entorno.

Las secuelas Después de esas tragedias, la señora Carmen tiene que andar con pastillas y mentol encima para tratarse unos dolores en el cuello, de los que no ha podido recuperarse, aunque frecuentemente asiste al médico.

Los hechos trágicos llegaron uno tras otro, sin que la familia Colón recibiera protección física, ni ayuda económica para enfrentar la triste realidad que le ha tocado vivir.

Viuda desde hace 23 años, Carmen ahora ha tenido que atender a los cinco nietos que quedaron huérfanos, quienes tampoco han recibido el calor de su padre. Tres son menores de edad.

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RECIBE ASISTENCIA LEGAL GRATUITA
Sandra de la Cruz es la abogada que representa a Carmen en los tribunales. El expediente le fue asignado por el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima, donde labora. Es un departamento de la Procuraduría General de la República que brinda asistencia legal gratuita a víctimas de la delincuencia de escasos recursos.

Sandra de la Cruz lleva más de 100 casos en diferentes etapas, unas en primer grado, otros en apelación y otros en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El trabajo que realiza lo define como gratificante, sobre todo en el aspecto emocional, porque interactúa con personas de escasos recursos y ayuda a personas que no pueden acceder a la justicia de manera efectiva.

Precisa que el Código Penal exige que para que la víctima pueda acceder de manera activa en la justicia requiere de un abogado, por lo que la Procuraduría le suministra a ese profesional de manera gratuita.

En el 2009, la madre de la menor violada y su hermano fueron remitidos a ese servicio desde la Fiscalía del Distrito Nacional, debido a que la familia no podía costear el procedimiento legal.

El Gobierno llama a diálogo con directivos de Anadegas

El gobierno llamó ayer a los dirigentes de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) a actuar con sensatez, dejando su actitud de presión y sentándose en la mesa del diálogo para buscar solución a sus demandas.

José Ramón Fadul, ministro de Industria y Comercio, dijo que en los actuales momentos no es prudente aumentar el margen de ganancia a los detallistas de combustibles, como demanda Anadegas.

Sostuvo que los detallistas de combustibles están obteniendo casi 18 pesos de beneficio por cada galón y “ese beneficio debe llevársele al consumidor”.

“Les exhortamos a ellos (Anadegas) a que vayan al Ministerio de Industria y Comercio, vamos a sentarnos a hablar, el problema no es la presión ni la huelga.

Si ellos ven la proximidad del 27 (de febrero) creyendo que uno puede asustarse porque pueda ser destituido, yo no creo que vayan a destituir porque Anadegas quiera otros RD$2.50 más, puede ser por otra razón por la que el Presidente decida prescindir de mí”, indicó el funcionario, al ser entrevistado en el Palacio Nacional.

El cardenal
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez consideró anoche que las autoridades deben buscar alternativas para manejar la situación en torno a los combustibles, para que no se convierta en una “bola de nieve” y el país caiga en un proceso inflacionario que no se pueda justificar.

“O sea, que ahí es que tenemos que ver cómo el país y el Gobierno hacen algunas acrobacias para ver de qué forma puede paliar la situación, de suerte que no caiga el peso sobre toda la población”, agregó. El purpurado dijo que hay que ver de qué manera se maneja la situación localmente para que los precios internacionales no lleven entonces a un descontrol interno.

López Rodríguez significó que en la medida en que el petróleo aumenta, todo lo que dependa del carburante para ser transportado, indiscutiblemente se lo cargarán al producto definitivo.

“Ayer recibí un grupo de personas que me hablaron también del asunto de los combustibles y llevaban la inquietud justamente de que tienen ya muchos años sin que se autorice a aumentar el costo de flete, sobre todo, los vehículos pesados, pero los países que no producimos petróleos, tenemos que comprarlo a como nos lo vendan”, dijo el arzobispo de Santo Domingo.

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DIÁLOGO TRIPARTITO PARA LOS SALARIOS
Por otro lado, José Ramón Fadul favorece que se produzca un diálogo tripartito para evaluar la posibilidad de un aumento general de salarios.

Respecto a la especulación con los precios de los artículos de primera necesidad, el ministro informó que el gobierno se ha estado reuniendo con el sector comercial para tratar la situación y convencerlos de que no usen las prácticas especulativas. Dijo que ayer se produjo una reunión para tales fines, en la que participaron además la directora de Pro-Consumidor, Altagracia Paulino, y el ministro Administrativo de la Presidencia, Luis Manuel Bonetti.

Denuncian que dejaron morir al Duro Motors

D. Ante la denuncia de familiares de que dejaron morir al recluso José Luis Montás Vargas (El Duro Motors), el presidente Leonel Fernández ordenó al Ministerio Público profundizar en las investigaciones en torno a la muerte del recluso José Luis Montás Vargas (El Duro Motors), quien murió en la mañana de ayer en el hospital Francisco Moscoso Puello, aquejado por una afección aguda con síntomas de hepatitis.

Así lo informó el procurador General de la República, Radhamés Jiménez, tras reunirse con el presidente Fernández en su despacho del Palacio Nacional, a quien le ofreció detalles de la muerte del recluso, que cumplía 30 años de e prisión en la cárcel de La Victoria.

Jiménez anunció la creación de una comisión compuesta por los fiscales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, Alejandro Moscoso Segarra y Perfecto Acosta, respectivamente, así como del director de Prisiones, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, a los fines de investigar el deceso y rendir un informe a su despacho lo antes posible.

Dijo que el deceso se produjo en momentos en que las autoridades del Moscoso Puello se disponían a trasladarlo al Centro de Medicina Avanzada Telemedicina (Cedimat).

Jiménez calificó de lamentable el fallecimiento y que el Presidente también se mostró preocupado por el hecho. Al preguntársele sobre una supuesta lista de funcionarios y oficiales que se relacionaban con El Duro Motors el jefe del Ministerio Público dijo desconocerla.

Adelantó que todo parece indicar que se trató de una muerte natural. Mientras los familiares del occiso, se quejaron de a su pariente lo dejaron morir en su celda de La Victoria.

Isabel Montás dijo que "El Duro Motors" no recibió las debidas atenciones y agregó que llevaba 18 días con fiebre alta, a pesar de las diligencias que un hermano suyo hizo para trasladarlo a un centro asistencial.

Según Montás, el recluso condenado a 30 años por el caso Paya, tenía su propio seguro médico privado, "por lo que no entiendo porqué lo llevaron al Moscoso Puello". Mientras el director del centro, Roberto Lafontaine dijo que el paciente llegó al hospital con una infección aguda, "con todos los síntomas de una hepatitis". El cadáver de Montás Vargas fue trasladado al Instituto de Patología Forense, con el propósito de practicarle una autopsia.

DGII persigue a siete por presunto fraude

SANTO DOMINGO. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) entabló una persecución civil por alegado fraude fiscal con el uso de documentos falsos, estafa agravada y lavado de activos en contra de siete personas y dos empresas, como parte de una acción por supuesta evasión de RD$1,500 millones a través de este mecanismo.

Así lo informó ayer en rueda de prensa conjunta el subdirector de Impuestos Internos, Roberto Rodríguez, el fiscal Alejandro Moscoso Segarra, y el abogado Luis Miguel Pereyra.

Los imputados son Ricardo Antonio Mata, Maritza Peña Terrero, Víctor Cecilio Contreras, Carlos Guerrero Costa, Elsa Mildred Rosario Mejía, Yudelka Núñez y Lourdes Luciano, así como contra las empresas Consorcio Mata C. por A. y Atlas Marine.

En contra de éstos, la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción, Clara Luz Almonte Gómez, tiene pautada la celebración de una audiencia preliminar, para conocer una solicitud de apertura a juicio.

La DGII asegura que el grupo se dedicaba a emitir facturas fraudulentas con números de comprobantes fiscales, a los fines de deducir irregularmente gastos para ser acreditados al pago del Impuesto Sobre la Renta y acreditarse de manera ilegal el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

Asegura que constituyen el primer grupo implicado en fraude fiscal, porque durante este mes serán sometidas otras empresas usuarias de comprobantes fiscales.

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