Concluyó ayer la fase de presentación de pruebas en el juicio seguido a ocho involucrados en la red del narcotraficante José David Figueroa Agosto, en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Los jueces Gisell Méndez, Yuly Tamary y Tania Yunes aplazaron el juicio para el jueves 28 de julio, a las 9 de la mañana, en la cual el ministerio público pedirá condenas para los acusados de hasta 20 años de prisión, como contempla la legislación penal.
Luego de salir de la sala de la audiencia, el fiscal Agustín de la Cruz dijo que el ministerio público no pedirá descargo para ninguno de los acusados.
“La norma establece la posibilidad de solicitar descargo, ahora, estemos claros, en este proceso a ninguno de los imputados se les va a solicitar descargo, porque son hechos probados todas y cada una de las imputaciones, esa es una oportunidad impensable”, precisó.
Sostuvo que el ministerio público hará un resumen de todas las pruebas producidas, de todos los elementos accidentales que se conocieron, y una conclusión con un dictamen que incluirá las sanciones que pedirá.
Explicó que cuando hagan el resumen de todo el proceso, señalarán las penas que corresponda a cada imputado, pero precisó que se tomará en cuenta la admisión de culpabilidad, acuerdos que hicieron algunos imputados y su participación en el juicio.
Ayer, el tribunal rechazó por estar fuera de tiempo, una solicitud de experticia caligráfica a la firma de Leivi Nin Batista en un contrato de alquiler de un apartamento en Sosúa en el proyecto Ocean One, suscrito con la acusada Mary Peláez, que había pedido el ministerio público.
El abogado de Mary Peláez, José Rafael Ariza, había renunciado a presentar ese contrato entre las pruebas documentales alegando que había sido alterado, pero fue incorporada por el tribunal acogiendo una petición del ministerio público.
También rechazó la solicitud de otro examen pedido por el abogado de Peláez, José Rafael Ariza, de un listado cronológico de las entradas y salidas a ese apartamento.
La primera intervención en el juicio, que se inició a las 10 de la mañana, la hizo el abogado de Peláez, quien presentó ante el tribunal 96 pruebas documentales, que incluyen certificados y operaciones financieras ascendentes a casi 200 millones de pesos.
Smester negó que perteneciera a él una hoja manuscrita que supuestamente fue encontrada en un vehículo de su propiedad, en la que menciona personas a las que les distribuiría dinero, incluyendo jueces, fiscales y sicarios. Dijo que se enteró de esa lista a 11 días de estar preso en Najayo, donde ya cumple un año y siete meses. Señaló que el día que la Fiscalía solicitó medida de coerción en su contra lo acusó de haberle ocupado un vehículo propiedad de Figueroa Agosto, una pistola de manera ilegal y carnés de la Policía que él había falsificado, pero que fue descargado de esos delitos.
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