viernes, 3 de septiembre de 2010

Pacto con FMI garantiza sostenibilidad fiscal RD


El gobierno dominicano se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a contener los subsidios a la electricidad y moderar otros gastos en lo que resta de este año, como anticipo a la firma de un nuevo acuerdo stand by, cuya carta de intención podría conocerse en Washington antes de que finalice este mes de septiembre.

Estas medidas de ajuste están destinadas “a fortalecer los ingresos del gobierno”, y “lograr la consolidación fiscal prevista en el programa para mantener el crecimiento de la demanda interna en una senda sostenible”.

En una nota fechada en Washington, DC, el FMI explica en una declaración del subdirector gerente, Murilo Portugal, al concluir la visita de las autoridades de República Dominicana a la capital estadounidense, que le complace anunciar que, después de los debates de fondo durante los últimos días, se ha alcanzado un acuerdo con la República Dominicana y el staff del FMI sobre políticas y medidas para el resto de 2010 y 2011, para alcanzar los objetivos del programa apoyado por el acuerdo Stand-By con el FMI”.

Esfuerzos adicionales
Murilo precisó que se llevarán a cabo esfuerzos adicionales para fortalecer los ingresos del gobierno, contener los subsidios a la electricidad y moderar otros gastos, para lograr la consolidación fiscal gradual prevista en el programa y para mantener el crecimiento de la demanda interna en una senda sostenible.

Asimsimo, indicó que en las próximas semanas, las autoridades firmarán una carta de intención (LOI, en inglés), que será presentada al Directorio Ejecutivo del FMI para su consideración.

En el encuentro con Portugal participaron el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, y los ministros de Hacienda, Vicente Bengoa, y de Economía, Temístocles Montás, entre otros del gobierno.

Acuerdo
El pacto Stand-by firmado con el FMI en noviembre de 2009 por un monto global de 1,094 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro, que es la moneda oficial del organismo), equivalentes a unos US$1,700 millones, tiene un plazo de 28 meses.

El objetivo del convenio fue para hacer frente al impacto de la crisis mundial, e implicó una política expansiva del gasto en una primera fase, que ahora se vuelve restrictiva para garantizar sostenibilidad fiscal. El compromiso abarca reducir el déficit del gobierno y reformas en el sector eléctrico.

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