La sentencia de un tribunal en el caso del recurso de amparo contra la campaña sobre salud sexual y salud reproductiva de Profamilia interpuesta por la Iglesia Católica reafirmó el derecho a la libertad de expresión y a la educación sexual, estableciendo el deber del Estado y la sociedad de promoverla.
Pero además del derecho, ese debate también tiene una dimensión económica importante. La falta de educación e información de niños y niñas sobre sexualidad y reproducción, y sobre sus derechos en esa materia tiene costos elevadísimos para la sociedad tanto económicos como en sufrimiento humano.
Hay al menos seis aspectos en los cuales la falta de educación y de información sobre los derechos sexuales y reproductivos se traducen en costos económicos puros y duros: el embarazo en adolescentes, el acoso sexual en el trabajo, el abuso sexual, los embarazos no deseados y las prácticas asociadas a abortos inseguros, las muertes maternas, y una mayor incidencia de VIH/SIDA. Si niños y niñas estuvieran bien informados sobre su derecho a la integridad personal y cómo protegerse de posibles abusos sexuales, y si durante la adolescencia tuvieran la información sobre salud reproductiva y tuviesen acceso a métodos para hacer valer sus derechos, la incidencia de éstos sería mucho menor.
República Dominicana es el segundo país con más alta incidencia del embarazo en menores de 19 años de edad. Se estima que dos de cada diez mujeres entre 15 y 19 años estuvieron embarazadas al menos una vez, y dos de cada cinco entre las pobres. Esto tiene dos consecuencias económicas importantes. La primera es que reduce las posibilidades de las mujeres jóvenes de mantenerse en las escuelas, especialmente porque son expulsadas de manera arbitraria.
Casi dos de cada diez casos de abandono escolar son por embarazo. La segunda es que el embarazo prematuro contribuye a reducir la participación laboral de las mujeres jóvenes. En ambos casos las capacidades productivas de las familias, en particular de las más pobres, se ven afectadas, y los potenciales ingresos se ven mermados, reduciendo las oportunidades de una vida mejor.
De manera similar, el acoso sexual a las mujeres en el trabajo disminuye el rendimiento laboral, mientras el abuso sexual genera una carga importante al sistema de salud, e impacta la capacidad económica de las familias afectadas por los daños físicos y psicológicos que provoca en la persona abusada.
Por otra parte, la falta de información y de poder de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su sexualidad vinculada a una débil conciencia sobre sus derechos, se traduce en una incapacidad para negociar con su pareja el uso de anticonceptivos. El resultado es una muy elevada tasa de embarazos no deseados. Entre 2002 y 2007, más del 44% de los nacimientos fueron no deseados en el momento o no deseados del todo.
La prohibición total del aborto, la pobreza y una alta incidencia de embarazos no deseados se combinan para generar una elevada frecuencia de abortos en condiciones insalubres y peligrosas, muchos de los cuales terminan en muertes. Además de la tragedia humana que implica, la muerte constituye una severa pérdida económica para las familias y la economía en su conjunto. Las afecciones de salud vinculadas a abortos provocados pero que no terminan en muerte también implican costos para el sistema de salud, los cuales serían evitables con programas oportunos y efectivos de salud sexual y reproductiva.
Por último, la incidencia de VIH/SIDA es quizás el costo más tangible para el sistema de salud de la falta de educación sobre derechos sexuales, debido a los elevados precios de los antirretrovirales, de la atención a enfermedades oportunistas, de los tratamientos para evitar la transmisión madre-hijo/a durante el embarazo y la lactancia, y por la reducción de las capacidades laborales dentro y fuera del hogar.
La sentencia de la jueza Eunice Minaya Pérez tiene un enorme valor porque sienta un precedente judicial sobre derechos que además tienen implicaciones económicas importantes para la sociedad. La educación en salud sexual y salud reproductiva es una buena inversión, y su defensa y promoción es un asunto que nos compete a todos y todas.
