La comisión designada por el Senado recomendó ayer que Loma Miranda sea declarada Parque Nacional, con lo que cierra la posibilidad de explotación minera en el lugar.
La comisión consideró que todos los bienes y servicios ecosistémicos que atesora Loma Miranda pueden ser arruinados parcial o totalmente si se permite el desarrollo de proyectos mineros a cielos abiertos en el lugar.
Dice que no solo afectaría el ecosistema y sus recursos naturales sino que expondría a la intemperie los metales pesados del subsuelo o facilitaría el lavado de ros, que como la laterita producirían la “sal de cromo”.
Agrega que esta, entre otras sustancias, terminarían alcanzando las fuentes de agua, contaminándola hasta hacerla no apta para el consumo humano, animal o usarla en la producción agrícola. Considera que los daños ambientales irreversibles que generaría el proyecto minero sobre la biodiversidad, la agricultura y la vida misma en la zona nunca será compensable con los recursos que recibiría el Estado a cambio de la explotación minera de dicha loma.
El informe de la comisión que integran, además de Calderón, los senadores Rubén Cruz, José María Sosa, Francis Vargas, Arístides Victoria, Prim Pujals y Antonio Cruz, será conocido por el pleno del Senado en la próxima sesión, el miércoles.
Sin embargo como hizo algunas modificaciones al proyecto original aprobado por la Cámara de Diputados, sobre todo en los límites que deberá tener el parque, el proyecto deberá volver otra vez a la cámara baja.
El reclamo
El abogado de la empresa, Eduardo Jorge Prats, reveló que el gobierno tendría que indemnizar a la empresa Falconbridge Dominicana con US$4,000 millones si el Congreso declara a Loma Miranda como Parque Nacional.
Jorge Prats detalló que la indemnización respondería a la compensación por la violación al derecho de propiedad del terreno y los derechos derivados de la concesión minera Quisqueya Uno, que autoriza el aprovechamiento y beneficio de la extracción minera en Loma Miranda, de conformidad con el contrario entre Falcondo y el Estado.
“Se trata de los derechos adquiridos que tiene la empresa, y en conversación con los abogados de la minera hemos obtenido el dato de que en caso de que el Senado declare al lugar Parque Nacional, entonces el Gobierno dominicano tendría que pagar por los terrenos y por el valor del mineral que hay en Loma Miranda”.
La comisión reconoce que dado el hecho de que los terrenos donde está ubicada Loma Miranda, incluyendo el área de los depósitos de minerales que contienen ferroníquel, están en posesión o son propiedad legítima de más de un propietario, corresponde al Poder Ejecutivo compensarlos, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución
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