La querella contra Fernández y su fundación, es por alegada malversación de fondos y lavado de activos.
Según explica un comunicado de la Fiscalía, la decisión tiene su fundamento en el artículo 281.6 del Código Procesal Penal Dominicano.
Luego de la interposición de la querella la Fiscalía notificó a los querellados y convocó a todas las partes y sus abogados a una vista para discutir los meritos de la querella.
La vista, a la que compareció el querellante, sus abogados y los abogados de los querellados, fue celebrada el pasado 5 de abril.
La esencia de la querella explica que “la falta de tipificación de las acciones impide que el Ministerio Público pueda actuar, más aún hace de las diligencias de investigación propuestas por el querellante un proyecto de caso fracasado ya que estando la Fiscalía del Distrito convencida, en base a los criterios jurídicos expresados, que por la deficiencia del sistema legislativo dominicano, en lo que respecta al tema en cuestión, no es posible imputar determinadas conductas, embarcarse en la empresa de una investigación es esas circunstancias es violatorio a los principios de razonabilidad, lógica jurídica y contraviene la disposición del principio dos del Código Procesal Penal que le reconoce al proceso penal la característica de medida extrema de la política criminal”.
En ese orden, la Fiscalía dijo que mal haría con iniciar una investigación para probar hechos que en cierto modo han sido admitidos por los querellados, pero que la legislación dominicana no tipifica y en consecuencia no sanciona.
Resaltó que el querellante tiene un plazo de tres días hábiles, a partir de la notificación, para objetar ante el juez de la instrucción la decisión de la Fiscalía.
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