Más allá de la corrupción

Durante los últimos meses, la lucha contra la corrupción ha motorizado el accionar ciudadano. Sin embargo, lo que empezó como una movilización relativamente espontánea que expresaba una ira y una demanda en la coyuntura, parece buscar convertirse en un movimiento permanente y estructurado. No está claro el alcance temático que logre, y su éxito está por verse.

No obstante, si lo que busca es impulsar un proyecto de Nación más incluyente, en la que todos y todas podamos ejercer nuestros derechos fundamentales, el movimiento no debe agotarse en el tema de corrupción, sino que debe trascenderlo y hacer una apuesta fuerte por todos aquellos que sean cruciales para la democracia, la participación y el desarrollo humano.

Lo anterior es relevante en la medida en que hay un riesgo de que el tema de la corrupción, entendida como la gestión y uso deshonesto e ilegal del poder público, termine siendo “esencializado” y convirtiéndose en el imaginario de muchos y muchas, en la única fuente de todos nuestros males, y de la pobreza y la exclusión social.

Tal suposición es comprensible pero simplista y conservadora. Es comprensible porque la corrupción ha sido parte intrínseca de todos los regímenes políticos y de los modelos de políticas que hemos vivido, y por tanto ha sido pieza clave en los procesos de exclusión y de denegación de derechos. De hecho, la exclusión y la concentración de poder y de riqueza en el país son inentendibles si no se incorpora el rol del ejercicio ilegítimo, abusivo y fraudulento del poder desde el Estado.

Pero es simplista porque supondría que lo único que se necesita es un ejercicio honesto y dentro del marco de las leyes y las normas de la gestión pública para enrumbar la Nación por senderos de la prosperidad compartida. Y es conservadora porque desconoce que la fuente de la exclusión y de la falta de desarrollo es la desigualdad en la distribución del poder y la riqueza. Este tipo de idea puede terminar moviendo la acción sólo en la esfera de lo formal y lo jurídico (cumplir con las leyes vigentes), dejando intactas las estructuras de poder.

Sin embargo, hay que indicar que la exclusión social y la desigualdad no necesitan de la corrupción para existir. En más de un Estado, la corrupción es excepción y no regla, y en esos mismos países se registran muy elevados niveles de exclusión social, simplemente porque esas reglas y esas instituciones que tienden a ser observadas y respetadas son excluyentes, y legitiman y refuerzan la desigualdad de poder y de riqueza. En ese sentido, el caso de los Estados Unidos es paradigmático, porque es un país conocido por tener un robusto sistema de justicia y simultáneamente prevalecen niveles de desigualdad y exclusión impensables en países de ingresos similares. En la región, Chile tiene los más reducidos indicadores de percepción de la corrupción. En contraste, está entre los países de mayor desigualdad y la exclusión social sigue siendo una vergüenza.

La corrupción es sólo uno de los mecanismos que tienden a excluir, pero no el único. A veces, ni siquiera es el más importante, aunque en los países pobres de riqueza e instituciones tiende a ser uno de los principales.

¿A combatir la corrupción? ¡Claro que sí! De hecho, actuar contra la corrupción no es algo de relevancia meramente jurídica e institucional; también es actuar contra un arreglo de poder, el cual frecuentemente vincula a grupos políticos con viejos y nuevos grupos económicos en la repartición del pastel y en la protección mutua.

Pero con la misma fuerza hay que combatir, por ejemplo, los salarios de miseria, la ineficiencia estatal en los servicios fundamentales y la falta de compromiso con la gente, las prácticas monopólicas que esquilman a las personas, la opacidad en muchos mercados que permite el engaño permanente, la discriminación que excluye y permite explotar a cientos de miles por el hecho de ser mujer o por ser o parecer de Haití, las superganancias en el sector financiero y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y los recortes de beneficios de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) en contra de la gente de a pie.

La miseria, la desigualdad y la exclusión tienen muchos responsables. Un movimiento ciudadano que pretenda trascender debe actuar en consecuencia.