La instancia fue presentada por ante la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Rosalba, Garib Holguín.
En virtud de las pruebas aportadas, el Ministerio Público presentó cargos por las infracciones de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, previstas y sancionadas por las disposiciones contenidas en los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 172 (restablecidos por la Ley 3379 del 8 de septiembre de 1952), 265 y 266 del Código Penal Dominicano; y el 146 de la Constitución.
De acuerdo al expediente, los actos de los imputados estuvieron precedidos de violación a la Ley 1832 del 3 de noviembre de 1948, y su reglamento 6105 del 29 de octubre de 1949; la Ley 11-92, la Ley 41-08; y el decreto 334-07, del 3 de julio de 2007.
En la instancia se solicitó fijar la audiencia preliminar a fin de conocer y decidir sobre la acusación y solicitud de auto de apertura a juicio por los hechos punibles expuestos y que tipifican los delitos antes descritos.
Igualmente, solicitó que se acoja en su totalidad la acusación por las infracciones señaladas, en perjuicio de la sociedad y el Estado dominicano, y acreditar para el juicio todas las pruebas aportadas para fundamentar las imputaciones.
También pidieron prisión preventiva para los acusados, atendiendo a los artículos 226 numeral 7 y 303 numeral 5 del Código Procesal Penal.
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