Amnistía Internacional denunció en su informe general anual que 289 personas murieron a manos de la Policía Nacional, 60 periodistas y otros trabajadores en medios de comunicación sufrieron acoso o agresiones físicas, y que entre enero y septiembre del año pasado se llevaron a cabo al menos 100 desalojos forzosos en varias partes del país.
La investigadora de esa organización para el país, Chiara Liguori, dijo a LISTÍN DIARIO que estas cifras provienen de un estudio realizado de enero a diciembre del año pasado en diferentes puntos del territorio nacional.
Explicó que el informe anual de Amnistía, el cual estará impreso para esta semana, contiene denuncias de 155 países donde la organización trabaja en pro de los derechos humanos. En el material, cada uno contiene 800 palabras con las cuales se resaltan las faltas más relevantes a los derechos humanos.
Amnistía Internacional es un movimiento mundial formado por más de tres millones de simpatizantes, miembros y activistas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos.
InformeLa organización detalla que, según estadísticas de la Procuraduría General, en 2011 murieron a manos de la Policía 289 personas, frente a las 260 fallecidas en 2010, y que todavía se siguieron conociendo casos de torturas durante los interrogatorios policiales y de detenciones arbitrarias masivas.
Los supuestos excesos de poder y abuso por parte de la Policía es una de las mayores preocupaciones para esta organización internacional, indicó Liguori.
Con relación a abusos contra comunicadores, resaltaron el asesinato del periodista de televisión José Silvestre, secuestrado el 2 de agosto del año pasado en La Romana, y señalaron que aunque había sido agredido y amenazado anteriormente, las autoridades no le habían proporcionado protección, pese a que ya lo había solicitado al Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa.
Además, dijeron que en agosto de 2011 más de 60 periodistas denunciaron una campaña de desprestigio a cargo de funcionarios del Estado contra periodistas independientes que informaban sobre corrupción y narcotráfico. Amnistía hizo énfasis en los desalojos forzosos, tras resaltar que en la mayoría de los 100 realizados el año pasado en el país, no se respetó el proceso, porque no se consultó a las comunidades afectadas.
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