Los departamentos de Auditoría y Fiscalización y la subdirección operativa de la Dirección de Aduanas (DGA) investigan a ocho empleados más por el expediente de fraude contra el Estado detectado en los almacenes fiscales de Santiago, por el cual el Estado habría dejado de percibir sumas millonarias por concepto de impuestos dejados de pagar.
Mientras que anoche los abogados de la defensa recusaron a la jueza Virginia Reyes, quien había sustituido más temprano a la magistrada de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Primer Juzgado de la Instrucción de Santiago, Águeda del Carmen García, que se inhibió de conocer la medida de coerción en contra de tres funcionarios de Aduanas acusados de un fraude por valor de más de 100 millones de pesos, por tráfico de armas de fuego y mercancías.
La magistrada justificó su decisión, alegando que le unen lazos de amistad con los padres de uno de los imputados.
Por el caso fueron sometidos a la justicia Adalberto de la Rosa Rosario, subcolector de Santiago; Herald Estévez Peña, encargado de almacén para la empresa Now Logistic; Miguel Ángel de Jesús Lazala Cabrera, aforador II de Aduanas, asignado a la citada empresa; y José Ignacio Zapata, de la empresa Papo Shipping.
El abogado José Miguel Minier dijo que recusaron a la jueza porque supuestamente estaba parcializada en contra de sus denfendidos, ya que no tenían conocimientos del expediente.
Sin embargo, la fiscal Jenni Berenice Reynoso dijo que esas eran tácticas dilatorias de los abogados de la defensa al no tener argumentos contundentes, tras indicar que faltan más involucrados en el fraude y los abogados no se habían preocupado por conocer el expediente.
Hoy la Corte de Apelación de Santiago deberá conocer la recusación a la jueza para tomar una medida en ese sentido, a fin de que el proceso pueda ser reanudado y dictaminar sobre medidas de coerción.
El colector de Aduanas del Aeropuerto Cibao fue requerido el lunes por la Fiscalía para que ofreciera informaciones sobre el caso, pero no fue incluido en el expediente porque simplemente se le llamó para que colaborara en las investigaciones que se hacen.
La jueza García dijo que al inhibirse se acogió a lo establecido en el artículo 78 numeral 10 del Código Procesal Penal, que establece que los jueces pueden inhibirse o ser recusados por las partes por tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato con una cualesquiera de las partes e intervinientes.
Aduanas, según se informó, investiga los despachos que se han hecho desde principios de año para establecer el monto y si las cifras que han salido corresponden al “modus operandi” de los dineros que supuestamente recibían por dejar pasar los furgones sin verificarlos y sin aplicarles los controles aduaneros de rigor.
Aduanas también son investigados, junto con la Policía Nacional, posibles vinculados a una red de tráfico de armas procedente de Estados Unidos.
El director Rafael Camilo ofreció la información, pero no dio los nombres de los empleados cancelados del organismo.
Según explicó, entre los empleados separados de la institución figuran supervisores, inspectores, verificadores y aforadores.
Estos laboraban en verificación de equipajes, en el salón de pasajeros y en la zona de equipajes rezagados.
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