La Coalición por una Educación Digna encontró ayer otro obstáculo en su lucha por más recursos para educación, luego que fuera rechazado un recurso de amparo que busca que se cumpla la ley de 4% del PIB para la instrucción.Los jueces Sarah Henríquez Marín, presidenta del Tribunal Superior Administrativo, y Judih Contreras y Federico Fernández de la Cruz, miembros, declararon inadmisible el recurso de amparo preventivo por no “existir amenazas de conculcación de derechos fundamentales por parte del Congreso Nacional si aprobare la ley general de Presupuesto del Estado para el año 2011”.
Los representantes de la Coalición anunciaron de inmediato que hoy mismo apelarán el fallo ante la Suprema Corte de Justicia y que si de nuevo tropiezan, acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El recurso de amparo fue interpuesto por el movimiento “Toy Jarto” y compartes en contra del Senado y la Cámara de Diputados con la finalidad de que no se conociera el proyecto de Presupuesto hasta tanto el Tribunal dictara sentencia.
El Tribunal argumentó que la ley 66-97 no tiene rango constitucional y que el Congreso, en sus atribuciones constitucionales establecidas en el artículo 93, tiene en cambio la potestad de votar la ley de Presupuesto sin las restricciones que establece la ley de Educación.
Igualmente, los jueces sustentaron su decisión en que existe una marcada diferencia entre el artículo 63 de la Constitución, que consagra el derecho a la Educación, y la ley 66-97, debido a que la ley Sustantiva no se refiere a la vigente legislación de Educación cuando habla de que las leyes consignarán los porcentajes y los montos mínimos que se deben destinar a la educación, sino a leyes que se aprueben luego que fuera proclamada la actual Carta Magna.
El Tribunal también rechazó la solicitud que hizo el Congreso para declarar inadmisible el recurso de amparo incoado por la Coalición, al considerarlo improcedente, mal fundado y sin base legal.
Los jueces admitieron en la forma el recurso de amparo y lo liberaron del pago de costas porque se trató de un recurso de inconstitucionalidad. El recurso fue sometido por los abogados Juan Pellerano, Luis Rivas y Federico Ortiz, entre otros.
Cardenal lo ve “difícil”
En referencia al tema, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez declaró ayer que “ve muy difícil’ que se aplique el 4% del producto interno bruto (PIB) para la educación como exigen más de 200 organizaciones de la sociedad civil.
Al referirse a la decisión del Tribunal Superior Administrativo, el también arzobispo metropolitano de Santo Domingo, dijo que lo más conveniente es que ese porcentaje se aplique de manera gradual y progresiva hasta que se llegue a la cantidad que se desea.
A la lectura del fallo acudieron en representación de la Coalición, María Teresa Cabrera, Yolanda Martínez, Diana Lora, Elizabeht Mateo, entre otros.
Por separado, todos rechazaron la decisión del tribunal. Cabrera, ex presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) sostuvo que es lamentable que se dicten sentencias en que en resumen se diga “sí, pero no”.
Asimismo, calificó como una barbaridad el argumento del tribunal en el sentido de que la Constitución, en su referencia al tema educativo, no se refiere a la ley vigente de educación.
Los representantes de la Coalición saludaron en cambio la decisión del Tribunal en el sentido de que acogió el recurso de amparo, lo que consideran es una buena señal para la sociedad.
La lectura del fallo estaba prevista para las 9:00 a.m., pero luego de varios incidentes fue pospuesta para las 4:00 de la tarde.
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