En su libro “Crímenes contra la prensa”, el comunicador y mercadólogo Oscar López Reyes sostiene que en el asesinato del periodista Orlando Martínez Howley está involucrada la multinacional Gulf and Western, y que datos confidenciales establecen un cruce confabulador con ese propósito entre esta firma y un jefe de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) en ese entonces.
Las motivaciones del asesinato perpetrado el 17 de marzo de 1975, según el autor, fueron los cuestionamientos de Martínez Howley a la explotación de furfural (producto agroindustrial derivado del bagazo de la caña) por parte de la empresa, a la que llegó a calificar de “Drácula Gulf and Western”.
Hasta ahora el asesinato de Martínez Howley siempre había sido considerado un crimen de Estado que estuvo motivado en las fuertes críticas que hacía el comu- nicador a la gestión del presidente Joaquín Balaguer y a sus altos funcionarios civiles y militares.
Por el crimen del comunicador fueron sometidos a la justicia el cabo de la Fuerza Aérea, Mariano Durán Cabrera; Rafael Alfredo Lluberes Ricart (Lluberito), el mayor del Ejército Nacional, Joaquín Antonio Pou Castro; Luis Emilio de la Rosa Beras, José Isidoro Martínez González y Salvador Lluberes Montás (Chinino). Este último fue excluido luego del expediente por razones de salud. Empero, López Reyes refiere en su libro que dos cercanos colaboradores gubernamentales de Balaguer le mencionaron “enfáticamente en privado” que la Gulf y el jefe de la FAD al que hace mención estaban seriamente comprometidos con la orden para la comisión del crimen.
El libro plantea que una de las denuncias más fuerte de Martínez contra la Gulf fue por las ganancias no declaradas que obtenía por la venta de furfural, pues según el malogrado comunicador, declaraba al Estado dominicano que vendía el kilo del producto a 28 centavos, cuando en realidad el costo era 60 centavos.
El autor de la columna “Microscopio” denunció que con esa maniobra la Gulf and Western obtuvo en diez años ganancias de siete millones 460 mil 640 pesos.
López Reyes sostiene que la Gulf and Western vinculó a Martínez Howley en la misión de llevar subrepticiamente a Cuba la fórmula que utilizaba la multinacional para la elaboración del furfural, lo que se interpretó como un aporte “revolucionario a los aliados cubanos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)”, enfrentada en ese momento a Estados Unidos en una “Guerra Fría” por la supremacía planetaria.
“La Gulf husmeó alrededor de la reproducción (del furfural), y ordenó una investigación.
Concluyó que en la transferencia fueron claves un miembro del antiguo Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana y un asesor laboral directivo del PCD, y que en la cadena habría participado Martínez, uno de los pocos jóvenes dominicanos dirigentes de esta organización que había viajado a naciones del bloque soviético, con el que ese partido mantenía estrechos nexos”, expresa el autor en la página 454 del libro.
Entre algunos de los duros calificativos que usaba Martínez para referirse a la Gulf y sus operaciones en el país, muchos de los cuales fueron títulos de su columna Microscopio, López Reyes cita en su libro “Vampiros en el furfural”, “Tres vampiros en acción”, “Contra el vampiro”, “Una carta sobre la Gulf y los límites de la dignidad nacional”, “Los cinco millones de Drácula” y “Repudio general al vampiro”, entre otros.
López Reyes resalta que cinco años después del asesinato de Orlando Martínez “se comprobó su denuncia sobre la transnacional de marras: en 1980 se publicó que la Gulf había dejado de pagar al Estado dominicano 38.7 millones de pesos por concepto de operaciones hechas en transacciones de azucares futuros en los años 1974 y 1975”.
Sobre la otra motivación del crimen y que se considera tuvo su punto culminante en el artículo de Martínez titulado “Por qué no, doctor Balaguer”, el cual concluyó recomendando al escritor y líder político tomar un avión o un barco y desaparecer definitivamente del país.
López Reyes se pregunta si Cabrera Durán, Lluberes Ricart, Pou Castro, De la Rosa Beras y Martínez González actuaron por inspiración espontánea.
“Claramente, un mando superior tocó la corneta”, precisa, tras indicar que la versión más socorrida señala que los preparativos de la aventura incluyeron una reunión del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el 8 de marzo de 1973.
NUNCA APARECIERON INFORME NI AUTOPSIA
El ex juez de instrucción que investigó el asesinato del periodista Orlando Martínez, ocurrido el 17 de marzo de 1975, afirmó ayer que fue llenada la página en blanco dejada por el presidente Joaquín Balaguer en su libro “Memorias de un cortesano de la Era de Trujillo”.
Juan Miguel Castillo Pantaleón dijo que el caso fue resuelto gracias a la investigación que ordenó realizar el presidente Balaguer en el 1975 al entonces jefe de la Policía, Ney Rafael Nivar Seijas. Consideró que el sometimiento estuvo vinculado en la misma dirección de esa investigación que, según el presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Joaquín Ricardo, se encomendó al entonces jefe policial. Empero, aclaró que ese expediente nunca llegó a las jurisdicciones apoderadas, sino que ese informe se lo llevó el jefe de la Policía de entonces al presidente Balaguer.
Eso provocó, precisó el ex juez de la instrucción, en ese momento la renuncia en bloque de los jefes de Estado Mayor, porque la orden homicida partió del entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza Área Dominicana.
Dijo que el referido informe nunca se pudo ubicar, aunque personalmente llegó a interrogar personas que conservaron copias del mismo para su propia seguridad.
Explicó que la investigación lo que hizo fue ubicar a los responsables y recuperar una parte de ese expediente, tras señalar que la pieza acusatoria completa nunca se recuperó, “eso está extraviado”, agregó.
Sostuvo, empero, que los interrogatorios a los que fueron sometidos por el asesinato de Orlando Martínez son los mismos que posteriormente fueron incluidos en la providencia calificativa dictada por él cuando era juez del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional.
Señaló que la confrontación de la evidencia material que se pudo recuperar como fotografía del occiso, del vehículo, interrogatorio del patólogo forense que hizo la autopsia al cadáver del comunicador social, la cual nunca apareció, y otros elementos adicionales, fue lo que permitió enviar por ante un tribunal criminal al grupo de implicados.
Expresó que también fueron interrogados oficiales que llegaron a participar en la investigación ordenada por el presidente Balaguer.