Los “apagones masivos”, una situación impensada hace unos años, que tiene como viejos referentes a la República Dominicana de los 80 del siglo pasado y la Cuba de la década de 1990, durante el “periodo especial en tiempos de paz” luego del desplome del campo socialista de Europa oriental y de la Unión Soviética, amenaza hoy como una mitológica hidra estranguladora al Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico, enarbolado por Estados Unidos como “vitrina de la democracia” en el Caribe y símbolo de prosperidad económica bajo su bandera.
La advertencia ha venido de la oficial de reestructuración de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Lisa Donahue, en una audiencia celebrada el pasado martes en el Subcomité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal en Washington, donde reclamó que se permita a Puerto Rico el “beneficio” de contar con el Capítulo 9 de la ley de quiebra federal, que pavimentaría el camino a la bancarrota a esta isla del Caribe y sus corporaciones públicas.
Puerto Rico estuvo hasta 1984 cobijado por la ley de quiebra federal, cuando el Congreso de Estados Unidos decidió excluirlo, lo que impide que sus corporaciones públicas se protejan de los acreedores.
Ante este escenario, debido a su actual crisis fiscal, el gobierno del ELA aprobó su propia ley de bancarrota, la que fue invalidada por el juez federal Francisco Besosa, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, lo que ratificó el Primer Circuito de Apelaciones en Boston, al ser recurrida por las autoridades puertorriqueñas. Al invalidarse la ley 71 de 2014, el país ha quedado en un estado de indefensión ante los bonistas, que siguen apretando el cogote de las corporaciones públicas del ELA.
La solicitud a la subcomisión del Congreso federal hecha por Dohanue, de la empresa norteamericana AlixPartners, dramatiza la situación que experimenta la AEE, que acumula una deuda de 9,000 millones de dólares, de la cual el 70 por ciento se está renegociando en medio de renuencias de otra parte de los acreedores.
La deuda de la AEE se contabiliza como parte de los cerca de 70 mil millones de dólares que tiene el gobierno de Puerto Rico con los acreedores, por lo que la bancarrota es una opción para reorganizar la estructura económica del país, según el gobernador Alejandro García Padilla, que espera no se materialice el escenario de los “apagones masivos indefinidos”. “Si no hay suplidores dispuestos a importar petróleo, no tendremos capacidad de generar electricidad, y eso significaría que ocurrirán apagones en toda la isla”, dijo el oficial de reestructuración de la AEE, en lo que el presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, ha considerado “una hipérbole”.
Bhatia, que impulsó la aprobación de una ley de reforma energética que sancionó el gobernador García Padilla en mayo de 2014, considera que las condiciones están dadas para evitar una situación catastrófica como la que pinta Donahue, que alteraría la producción económica general del país.
Lo cierto es que, si se aleja la posibilidad para la corporación pública de electricidad de reestructurar de inmediato su deuda, los acreedores intentarán tomar su control, como ya se ha vislumbrado con una propuesta junta de supervisión, en la que participarían entes foráneos, representantes de los denominados fondos buitres de Wall Street.
Donahue indicó que hasta ahora lo logrado con los acreedores es un acuerdo frágil, por lo que necesita lograr un entendimiento con el 92 por ciento de los dueños de la deuda del ente público.
La asesora reconoció que los “apagones masivos indefinidos” afectarían a comercios, fábricas y residencias, lo que produciría un escenario impensado en esta isla del Caribe de 3.5 millones de habitantes donde predominan los enseres eléctricos para los asuntos más elementales.
La AEE emitió esta última semana un aviso público de advertencia de corte de servicio a importantes deudores, entre ellos hospitales y clínicas, que rápidamente se pusieron al día con sus deudas, algunas de las cuales se elevaban hasta a los 2.0 millones de dólares, o establecieron un plan de pago.
El problema planteado por Donahue en el Congreso de Estados Unidos es que, en el escenario actual, cuando la AEE debe pagar en julio próximo contratos por la suma de 1,000 millones de dólares, no contará con suplidores intermediarios dispuestos a importar el petróleo que se necesita para la producción de electricidad.
La AEE solo cuenta con menos de la mitad de ese dinero, por lo que si no consigue frenar a sus acreedores, el colapso de la corporación resultaría inminente, algo que quieren algunos de los bonistas para asumir el pleno control y, además, diversificar la producción al fracturar la empresa para que se quede solamente con la distribución.
Esta es el área de la AEE considerada más costosa por el mantenimiento de las líneas de distribución en todo el país, según ha planteado a la agencia Inter News Service (INS) el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo. “La parte más importante, más productiva del negocio, es la generación, por lo que sobre 30 empresas han tenido interés en esto; no habrá ninguna competencia como se ha tratado de proyectar, sino que se van a apoderar de las instalaciones del pueblo de Puerto Rico, de nuestros muelles, para construir o modernizar las plantas existentes para entonces obtener un contrato de compra de energía garantizada por la AEE de un 75 por ciento, que puede tener hasta 99 años de duración”, aseguró Figueroa Jaramillo.
Para el presidente de Utier, el más poderoso sindicato del país, el senador Bathia lo que busca es privatizar la generación de electricidad en beneficio de sectores particulares por ser “la parte más lucrativa, ya que nadie quiere la infraestructura de cables ni de postes, a las que hay que dar mantenimiento; los privatizadores solo quieren lo que se pueda vender”. La situación es compleja porque, por décadas, las arcas de la AEE han sido vaciadas en operaciones legítimas que están matizadas por el oportunismo político de los gobernantes por casi medio siglo, que han beneficiado a empresas y empresarios afines.
La realidad es que de Puerto Rico terminar colocado frente al espejo de “apagones masivos” de hasta 48 horas que una vez marcó la vida de los dominicanos o los cubanos en sus respectivas naciones, tal como vaticinó Donahue, tendrá un camino tortuoso porque esto se produce en un momento de insolvencia fiscal en que Estados Unidos parece decidido a zafarse de sus responsabilidades después de casi 118 años de dominación colonial.
US$3,000 MM
La deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es de poco más de 8,800 millones, de los cuales hay 3,000 millones de dólares que se obtuvieron prestados, mediante emisión de bonos, en los pasados cinco años.
US$22,000 MM
La AEE tenía un valor de 22,000 millones de dólares, según un estudio del economista José Antonio Herrero, en el cual se tuvo en cuenta el activo de la infraestructura inmueble y la cuantía del negocio per se.
US$35 MM
La oficial de reestructuración de la AEE, la contratista Lisa Donahue, le ha costado a Puerto Rico 35 millones de dólares para establecer una estructura corporativa que complazca a los bonistas, según la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).
Utier
La matrícula de la Utier es de 5,000 a 6,000 trabajadores de la AEE, entre los que se incluye a los jubilados.
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