Los centros educativos gestionados por la Iglesia católica serán gratuitos, con lo que se beneficiarán más de 130,000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos provenientes de sectores vulnerables del país.
Así lo establece un acuerdo firmado ayer entre el Ministerio de Educación y la Conferencia del Episcopado Dominicano, el cual precisa que los centros educativos bajo la rectoría de la Iglesia pasarán a funcionar igual que las escuelas públicas en los aspectos administrativos y pedagógicos.
Este convenio regulará las relaciones entre la Conferencia del Episcopado y el Ministerio de Educación, dentro del marco de respeto a la Ley General de Educación y el Pacto Educativo por una Educación de Calidad firmado en el 2014.
Según se establece en el convenio, Educación pagará la nómina del personal docente, administrativo y de apoyo, e incluirá al personal docente de las instituciones educativas católicas en los planes de capacitación que desarrolla.
El acuerdo firmado por el ministro Carlos Amarante Baret y monseñor Gregorio Nicanor Peña establece la premisa de que la educación es pública y gratuita, con el valor agregado de la mística de la fe católica, en los centros escolares propiedad o administrados por la Iglesia.
A partir del Convenio habrá dos tipos de centros educativos que se podrán acoger al acuerdo, divididos en instituciones educativas católicas con establecimientos propiedad de las diócesis, parroquias, de institutos de Vida Consagrada y otros organismos eclesiásticos gestionados totalmente en sus costos por Educación, y las instituciones educativas públicas propiedad del Estado dominicano cedidos a la Iglesia católica para su gestión.
También nombrará dentro de su nómina a todo el personal docente, administrativo y de apoyo, mientras que la Conferencia del Episcopado deberá asegurar que las instituciones educativas católicas desarrollen su labor con el máximo interés y eficacia, de manera que los centros que se acojan al convenio pasarán a funcionar con las mismas características de los centros educativos públicos del país.
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