El costo económico de la corrupción

Después de un largo letargo, la sociedad dominicana se está levantando y está exigiendo acciones claras y decididas contra la corrupción. Decir que se está buscando revancha por exigir el fin de la impunidad es no entender que el castigo es vital para un proceso de adecentamiento de la gestión pública.

Para eso precisamente existen las leyes que penalizan los actos dolosos. Como se ha dicho, la inmunidad es el mayor incentivo que tiene la corrupción. Por ello, no basta con un “de ahora en adelante no más”; la historia reciente está llena de ellos y la descomposición en la administración pública parece haberse agravado.

Por eso fue tan decepcionante que el Presidente, en un discurso que tuvo la gran virtud de haber puesto en el centro de la atención a las personas, lo haya cerrado llamando al olvido y dándole la espalda a la justicia. El Presidente tendrá sus razones políticas para cerrar filas con parte de su partido, pero la sociedad tiene otras mucho más legítimas para sentirse defraudada y para exigirle que haga lo que nunca se ha hecho: que la justicia actúe.

Pero la dimensión judicial no agota el tema; el costo económico de la corrupción es uno de sus aspectos más relevantes y que mayores consecuencias tiene porque compromete el desarrollo de largo plazo.

En primer lugar, la corrupción reduce la calidad del gasto público. Esto se traduce en una infraestructura pública de baja calidad, en una menor cobertura y menor calidad de los servicios públicos o en un gasto excesivo con relación a lo contratado.

Carreteras y edificaciones pobremente diseñadas y/o construidas, sobrevaluadas o innecesarias; equipos defectuosos o inadecuados; personal sin las calificaciones requeridas para el puesto o simplemente superfluo; o provisiones innecesarias, defectuosas o a sobreprecios son algunas de las consecuencias más comunes de una gestión de lo público que lo que busca es beneficiar a privados.

En segundo lugar, la corrupción reduce el impacto del gasto público en el crecimiento económico y el empleo porque una parte significativa de éste no demanda bienes y servicios de la economía, sino que se convierte en ahorro que se fuga al exterior, o simplemente en mayores importaciones derivadas de ganancias excesivas que financian un consumo suntuoso de quienes se benefician.

Es por esa razón que el enorme déficit de 2012 levantó sospechas con respecto al destino de los recursos. A pesar del exagerado incremento del gasto y la inversión pública, cuya consecuencia esperable hubiese sido mayor crecimiento, en especial del sector construcción, lo que ha venido ocurriendo ha sido un menor crecimiento y una contracción de ese sector.

En tercer lugar, la corrupción genera desconfianza y ahuyenta las inversiones de largo aliento y que apuestan al desarrollo del país, mientras promueve las oportunistas que buscan obtener ventajas espurias y de corto plazo, frecuentemente vinculadas precisamente a la corrupción y a ganancias derivadas de decisiones desde el Estado. Vale recordar que el país ocupa algunos de los primeros puestos en percepción de la corrupción y en el uso discrecional del poder para beneficiar a grupos específicos.

En cuarto lugar, la corrupción alimenta el surgimiento o expansión de grupos económicos que, al sacar ventajas ilegítimas de su relación con el Estado, coloca en desventaja a otros que no han disfrutado de esas ventajas, lo que puede terminar comprometiendo la viabilidad y el crecimiento de éstas últimas, desincentivando los emprendimientos económicos que no buscan prebendas.
En quinto lugar, al implicar un uso ilegítimo e inadecuado de los recursos públicos, la corrupción tiende a obligar al Estado a buscar nuevos recursos, vía impuestos o deuda pública, en procura de satisfacer las demandas de la población por servicios públicos o infraestructura, acrecentando la carga que tiene para toda la sociedad.

No hay desarrollo sin justicia. La impunidad es la negación de la justicia, pero también es la negación del desarrollo porque erosiona la efectividad del Estado para cumplir su misión de proveer servicios públicos de calidad, infraestructura productiva, impulsar el crecimiento y el empleo, promover una inversión privada de calidad y la competencia sana, y lograr que la carga de lo público sea una razonable. Por ello, la lucha contra la corrupción y la impunidad es también una lucha por el desarrollo.