Después, la realidad anduvo como miel sobre hojuelas. De prácticamente nada, pasamos a tener casi cuarenta mil habitaciones hoteleras en un período de quince años. Un verdadero portento. Súbitamente llegaron los flujos de visitantes y las cifras se hincharon: medio millón, un millón, dos millones de forasteros anuales. Todo aquello, sépase, con muy poco apoyo de parte del sector público y, casi, a contrapelo de la inspiración gubernamental.
Para competir, es cierto, el país se vio obligado a ofrecer el producto turístico más barato de la región. Claro: no teníamos buenas comunicaciones terrestres, las playas estaban contaminadas, las ciudades llenas de basura y no había energía eléctrica. Con tales limitaciones, hubimos de apelar al turista de bajo precio, al de 20 ó 25 dólares por día: al alemancito cuyo patrono le costeaba unas vacaciones de una o dos semanas con mulatas y piña colada, “todo incluido”, en el azul intenso del Caribe.
Pero el turismo, con todos sus defectos y limitaciones, nos genera hoy día unos 4,500 millones de dólares (cerca de la mitad de las divisas que produce la economía dominicana), emplea directa e indirectamente unas 700 mil personas, y representa la fuerza motriz de una economía que se expande con rasgos poco menos que providenciales. ¿Qué deberíamos hacer, cómo podríamos actuar, en tal sentido, para robustecer una industria que tan poco nos ha costado y que tantos beneficios nos brinda?
Nuestro producto compite abiertamente con el de Cuba, México, Jamaica, Puerto Rico, el Caribe inglés y el Caribe francés. Los empresarios turísticos nacionales jamás han pedido un aumento de la protección efectiva frente a la competencia extranjera. La inversión en hoteles se realiza calladamente, sin reclamar avales ni favores del gobierno. Diferentes a muchos productores agropecuarios e industriales, los empresarios del turismo hablan muy poco, piden muy poco y aportan mucho.
A juzgar por las vigorosas iniciativas del pasado gobierno y de la presente administración, uno pensaría que llegó el momento de otorgar la ayuda que el turismo requiere y que muy pocas veces exige.
La industria turística precisa más que nada de cuatro ingredientes esenciales: infraestructura física, servicios públicos, seguridad jurídica y estabilidad política y económica.
El sostenimiento del sector demanda de buenas carreteras y calles, de aeropuertos eficientes y de puertos acogedores para recibir los cruceros. Por igual, de plantas de tratamiento para procesar las aguas negras que se derraman sin control dentro de las aguas y sobre las playas, de obras para evitar la degradación y la erosión de las costas, así como de servicios para recolección y disposición de desechos en las zonas de emplazamientos hoteleros. Es básico, también, un suministro de agua potable y de energía eléctrica confiable en los centros habitacionales, además de vigilancia policial y reglamentaciones para evitar el pillaje en contra de los visitantes.
Por igual, será forzoso disponer de una inconmovible seguridad jurídica a fin de garantizar el estatuto de propiedad de los valerosos inversionistas que incursionan en este sector. Pero en un plano más alto, sobrevolando por encima de estos vitales ingredientes del negocio, se sitúan la solidez del régimen político tanto como la seguridad ciudadana y la paz social. Aunque luzcan un tanto elementales, todavía nuestro turismo aguarda por la solución de una buena parte de estas indispensables, primarias y básicas urgencias.
Es importante saber que nos encontramos aún muy lejos de haber alcanzado el techo de la industria. España, con unos 46 millones de pobladores, recibió 57 millones de turistas en el 2011. Esto es, prácticamente 1.25 turistas por cada habitante. Existen en nuestro país lugares vírgenes, con potencial extraordinario: la península de Samaná, Barahona, Pedernales, Miches, la franja costera de Luperón a Manzanillo, Jarabacoa, Constanza, Rancho Arriba, San José de Ocoa, Bayaguana y los Parques Nacionales de la Cordillera Central, entre muchos otros. Con la adecuada infraestructura física, junto a las necesarias prescripciones y a la provisión de los servicios básicos, nuestra oferta podría encumbrarse hasta las 140-150 mil habitaciones y alcanzar un nivel sostenido de 14 a 15 millones de visitantes anuales.
Hemos de reconocer que el gobierno aporta una inestimable cuota. Con la finalización en noviembre del 2013 del corredor vial que enlazará a Punta Cana con la ciudad de Santo Domingo (lo que incluye la ampliación a cuatro carriles de la vía de circunvalación de San Pedro de Macorís, así como la construcción, también a cuatro carriles, del segmento de San Pedro de Macorís a La Romana y de la circunvalación de La Romana) se prevé un flujo terrestre que superaría, creíblemente, los 500 mil visitantes anuales a la ciudad Santo Domingo.
En la actualidad se concluye el Boulevard Turístico del Este, que proporcionará comunicación expedita entre el aeropuerto internacional de Punta Cana y las 36 mil habitaciones hoteleras desarrolladas en el litoral que recorre de Punta Cana a Bávaro-Macao. Hoy día se ejecuta, del mismo modo, la carretera Bávaro-Miches-Sabana de la Mar. En este último punto será cimentado un atracadero que facilitará el cruce en ferry-boats de viajeros y automóviles dentro de la bahía de Samaná.
Por otra parte, las nuevas vías terrestres que comunican a Samaná con el resto del país han inducido, en diferentes puntos de esta península, una enérgica expansión de los hoteles y las urbanizaciones vacacionales de alto rango. Es auspicioso, además, el giro que empresarios locales y extranjeros le han de imprimir al centro turístico de Puerto Plata, al reorientar hacia el mercado inmobiliario un proyecto de renovación de las avejentadas instalaciones hoteleras de dicho enclave. Los ejemplos de pujanza y voluntad creativa, pública y privada, no cabe duda, despuntan ahora fructuosos en todo el país.
Pero estamos a expensas, todavía, de la obtención de numerosas metas materiales, de la adquisición colectiva de un “querer” y de un “saber hacer” las cosas, tanto como de una enérgica respuesta judicial a turbios conflictos nacidos, casi siempre, de la violación de derechos de propiedad y de la aviesa extorsión a empresarios del mundo hotelero.
De esta suerte, tendríamos que revisar las propuestas del Ministerio de Turismo, releer el Informe Attalí, poner oídos a las expresiones de inversionistas nacionales y extranjeros y, no menos importante, escuchar el parecer de técnicos y expertos (se me ocurre, por ejemplo, Juan Lladó) acerca de las perspectivas de este sector.
Porque lograr el enorme objetivo diseñado por el gobierno de Danilo Medina, de arribar a los 10 millones de visitantes en el 2022, será dable tan sólo mediante un esforzado impulso colectivo en el que todos habremos de aportar dosis crecidas de imaginación, sudor y esperanzas.
Ya que los demás ingredientes del proyecto (las primacías históricas, el color y el calor y la tambora, los cocotales y la arena, la comida y el retozo y el aguardiente, las tentadoras ancas ondulantes y la espontánea sonrisa que no cesa), como muy bien lo sabemos, aquí abundan y alcanzarán para siempre y para todos.
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