Hispanos decepcionados con decisión sobre ley de Arizona

La incertidumbre terminó pero las ganas de luchar prosiguen para activistas hispanos que confirmaron sus temores el lunes con la decisión de la Corte Suprema de no bloquear la disposición más controvertida de la ley migratoria de Arizona.

La cláusula ratificada obliga a policías a preguntar por el estatus migratorio cuando sospechen que alguien se encuentra ilegalmente en el país.

"Ahora ya sabemos a qué atenernos", dijo Carlos García, director ejecutivo de la organización Puente, en Arizona.

La cláusula 2B, conocida como la provisión de "muéstreme sus papeles", legitima ordenanzas estatales que promueven la categorización racial y arrestos injustificados, además de propagar el miedo entre los hispanos del país, dijeron expertos y líderes hispanos.

"Por ahorita no es una sorpresa, pero sí sabemos que va a sufrir mucha gente a causa de esta ley", dijo García. "Ciertas partes de Arizona ya están viviendo bajo la ley, así que la gente ya está acostumbrada, pero ahora se va a intensificar, por todo el estado va a crecer. Nosotros vamos a informar bien a la comunidad y seguir peleando".

La Corte Suprema, sin embargo, dejó sin efecto otras tres disposiciones de la polémica legislación SB1070, lo que al menos generó cierto alivio y un sentimiento de victoria parcial.

Salvador Reza, coordinador de los Comités de Defensa del Barrio, en Phoenix, Arizona, dijo que las organizaciones de defensa de inmigrantes de la zona proseguirán con su manifestación diaria frente a la oficina del sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio.

"La colaboración entre la policía local e inmigración ya se siente aquí a diario. A diario se separan familias por una parada de tráfico", dijo Reza. "Así que nada cambia mucho aquí porque esta es la cláusula de la ley que hace más daño. Lo peor ahora es que otros estados van a empezar a proponer leyes parecidas a las de Arizona".

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, dijo que la ratificación de la cláusula 2B generó preocupación entre los expertos.

"Nos preocupa muchísimo porque obviamente esa es la provisión que más está afectando a nuestra comunidad y que más va a resultar en discriminación, y que ya está resultando en discriminación por perfil racial", dijo Hincapié.

Aun así, la experta recordó que es posible que la medida 2B sea eventualmente considerada inconstitucional. La Corte decidió que es demasiado pronto para saber si la cláusula puede ser implementada de forma que no viole la constitución. La provisión será remitida a la corte federal distrital así que Arizona no sentirá efectos inmediatos, señaló.

Las tres disposiciones que fueron derogadas el lunes por la Corte Suprema obligaban a inmigrantes a obtener o cargar en todo momento con documentos migratorios, convertían en un crimen que inmigrantes sin papeles trabajaran o buscaran trabajo y permitían que la policía arrestara a inmigrantes sospechosos de estar en situación migratoria irregular sin necesitar órdenes de arresto.

Grupos en contra de los inmigrantes sin autorización para vivir en Estados Unidos celebraron la conclusión de la corte respecto a la cláusula 2B.

"La Corte Suprema ha dejado muy claro que los gobiernos estatales y locales juegan un papel importante a la hora de hacer cumplir leyes de inmigración federales", dijo Dan Stein, presidente de la Federación por una Reforma Migratoria Estadounidense.

"Incluso si el gobierno de Obama rechaza imponer las leyes de inmigración, los estados tienen el poder de frenar o desanimar a inmigrantes ilegales", agregó Stein.

Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia, se mostró satisfecha con el fallo de la corte, pero expresó sus reservas respecto a la disposición sobre policías pidiendo papeles.

 "Es cuestionable, incluso pensamos que es un error que la Corte Suprema haya dejado abierta la posibilidad a que se de la discriminación racial y la persecución", indicó Nicholls.

La activista señaló que su organización está a la espera del impacto que tendrá el fallo en la aplicación de leyes locales y programas de deportación por parte de las policías locales. "Sabemos que esta decisión no les da luz verde (a los departamentos de policía) para poder detener a alguien si no hay causa probable. Pero sabemos que en Georgia hasta ahora la causa probable es ser inmigrante", señaló.

Nicholls agregó que la legislatura estatal podría empezar a hacer enmiendas a la ley local HB87 que se aprobó el año pasado en Georgia para combatir la inmigración no autorizada.

Activistas de todo el país han dicho que temen que legislaciones similares se aprueben en estados como Misisipí, Oklahoma, Misurí, Tenesí o Wisconsin, entre otros.      Cientos de inmigrantes sin papeles han abandonado su trabajo en los cultivos de Alabama, temerosos del impacto que tendría sobre ellos una ley parecida a la de Arizona, aseguran activistas. En Arizona, la imagen del estado ha quedado afectada por la implementación de la SB1070, lo que ha afectado a la economía y ha derivado en el cierre de numerosos negocios hispanos, dijo Katherine Vargas, del Foro Nacional de Inmigración.

La decisión de la Corte Suprema pone a las familias de inmigrantes en Arizona y otros estados en riesgo de sufrir abusos por parte de las autoridades locales, denunció el lunes la organización Human Rights Watch.

"El fallo del Tribunal Supremo abre la puerta a abusos anti-inmigrantes que hemos visto en otros estados con leyes parecidas", dijo Grace Meng, investigadora del grupo. "La corte dijo hoy que es demasiado pronto para saber cual será el daño de esta cláusula, pero el daño de disposiciones parecidas en Alabama está muy claro".

La decisión de la Corte Suprema el lunes ensombreció parte de la alegría sentida por muchos hace más de una semana, cuando el presidente Barack Obama anunció que se suspenderían temporalmente las deportaciones de jóvenes inmigrantes sin papeles.

Cristina Jiménez, dirigente de la red de "dreamers" United We Dream, dijo el lunes que el fallo del tribunal "avala discriminación en general y discriminación según la apariencia física". La joven agregó, sin embargo, que "estamos contentos por las partes que quedaron sin efecto".

Por su parte, la gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, quien firmó la SB1070, dijo el lunes que ha quedado demostrado que el "corazón" de la ley es constitucional.

"Hoy es un día en que el componente clave de nuestros esfuerzos por proteger a los ciudadanos de Arizona, con balance y constitucionalidad, ha sido reivindicado de forma unánime por el máximo tribunal del país", señaló.