lunes, 25 de junio de 2012
Encuentran sin cabeza el cuerpo de un joven en Bonao
El hallazgo del cuerpo de un joven sin cabeza ha causado asombro entre los moradores de la comunidad de Juma Bejucal, en Bonao.
El joven fue identificado por la policía nacional como Albert de Jesús Acosta Matos, de 21 años, quien alegadamente había salido de su vivienda a realizar el traspaso de los documentos de una motocicleta.
El cadáver fue llevado a la morgue del hospital Pedro Emilio de Marchena, mientras que las autoridades tratan de identificar a los autores de la muerte.
La cabeza del joven que era empleado privado, aún no ha aparecido, lo que mantiene en estado de desesperación a sus familiares.
El cuerpo de Acosta Matos apareció en un canal de la comunidad de Juma Bejucal, en Bonao, por lo que agentes policiales rastrean su cabeza e investigan el paradero de los responsables del hecho.
Hispanos decepcionados con decisión sobre ley de Arizona
La incertidumbre terminó pero las ganas de luchar prosiguen para activistas hispanos que confirmaron sus temores el lunes con la decisión de la Corte Suprema de no bloquear la disposición más controvertida de la ley migratoria de Arizona.
La cláusula ratificada obliga a policías a preguntar por el estatus migratorio cuando sospechen que alguien se encuentra ilegalmente en el país.
"Ahora ya sabemos a qué atenernos", dijo Carlos García, director ejecutivo de la organización Puente, en Arizona.
La cláusula 2B, conocida como la provisión de "muéstreme sus papeles", legitima ordenanzas estatales que promueven la categorización racial y arrestos injustificados, además de propagar el miedo entre los hispanos del país, dijeron expertos y líderes hispanos.
"Por ahorita no es una sorpresa, pero sí sabemos que va a sufrir mucha gente a causa de esta ley", dijo García. "Ciertas partes de Arizona ya están viviendo bajo la ley, así que la gente ya está acostumbrada, pero ahora se va a intensificar, por todo el estado va a crecer. Nosotros vamos a informar bien a la comunidad y seguir peleando".
La Corte Suprema, sin embargo, dejó sin efecto otras tres disposiciones de la polémica legislación SB1070, lo que al menos generó cierto alivio y un sentimiento de victoria parcial.
Salvador Reza, coordinador de los Comités de Defensa del Barrio, en Phoenix, Arizona, dijo que las organizaciones de defensa de inmigrantes de la zona proseguirán con su manifestación diaria frente a la oficina del sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio.
"La colaboración entre la policía local e inmigración ya se siente aquí a diario. A diario se separan familias por una parada de tráfico", dijo Reza. "Así que nada cambia mucho aquí porque esta es la cláusula de la ley que hace más daño. Lo peor ahora es que otros estados van a empezar a proponer leyes parecidas a las de Arizona".
Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, dijo que la ratificación de la cláusula 2B generó preocupación entre los expertos.
"Nos preocupa muchísimo porque obviamente esa es la provisión que más está afectando a nuestra comunidad y que más va a resultar en discriminación, y que ya está resultando en discriminación por perfil racial", dijo Hincapié.
Aun así, la experta recordó que es posible que la medida 2B sea eventualmente considerada inconstitucional. La Corte decidió que es demasiado pronto para saber si la cláusula puede ser implementada de forma que no viole la constitución. La provisión será remitida a la corte federal distrital así que Arizona no sentirá efectos inmediatos, señaló.
Las tres disposiciones que fueron derogadas el lunes por la Corte Suprema obligaban a inmigrantes a obtener o cargar en todo momento con documentos migratorios, convertían en un crimen que inmigrantes sin papeles trabajaran o buscaran trabajo y permitían que la policía arrestara a inmigrantes sospechosos de estar en situación migratoria irregular sin necesitar órdenes de arresto.
Grupos en contra de los inmigrantes sin autorización para vivir en Estados Unidos celebraron la conclusión de la corte respecto a la cláusula 2B.
"La Corte Suprema ha dejado muy claro que los gobiernos estatales y locales juegan un papel importante a la hora de hacer cumplir leyes de inmigración federales", dijo Dan Stein, presidente de la Federación por una Reforma Migratoria Estadounidense.
"Incluso si el gobierno de Obama rechaza imponer las leyes de inmigración, los estados tienen el poder de frenar o desanimar a inmigrantes ilegales", agregó Stein.
Adelina Nicholls, directora ejecutiva de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia, se mostró satisfecha con el fallo de la corte, pero expresó sus reservas respecto a la disposición sobre policías pidiendo papeles.
"Es cuestionable, incluso pensamos que es un error que la Corte Suprema haya dejado abierta la posibilidad a que se de la discriminación racial y la persecución", indicó Nicholls.
La activista señaló que su organización está a la espera del impacto que tendrá el fallo en la aplicación de leyes locales y programas de deportación por parte de las policías locales. "Sabemos que esta decisión no les da luz verde (a los departamentos de policía) para poder detener a alguien si no hay causa probable. Pero sabemos que en Georgia hasta ahora la causa probable es ser inmigrante", señaló.
Nicholls agregó que la legislatura estatal podría empezar a hacer enmiendas a la ley local HB87 que se aprobó el año pasado en Georgia para combatir la inmigración no autorizada.
Activistas de todo el país han dicho que temen que legislaciones similares se aprueben en estados como Misisipí, Oklahoma, Misurí, Tenesí o Wisconsin, entre otros. Cientos de inmigrantes sin papeles han abandonado su trabajo en los cultivos de Alabama, temerosos del impacto que tendría sobre ellos una ley parecida a la de Arizona, aseguran activistas. En Arizona, la imagen del estado ha quedado afectada por la implementación de la SB1070, lo que ha afectado a la economía y ha derivado en el cierre de numerosos negocios hispanos, dijo Katherine Vargas, del Foro Nacional de Inmigración.
La decisión de la Corte Suprema pone a las familias de inmigrantes en Arizona y otros estados en riesgo de sufrir abusos por parte de las autoridades locales, denunció el lunes la organización Human Rights Watch.
"El fallo del Tribunal Supremo abre la puerta a abusos anti-inmigrantes que hemos visto en otros estados con leyes parecidas", dijo Grace Meng, investigadora del grupo. "La corte dijo hoy que es demasiado pronto para saber cual será el daño de esta cláusula, pero el daño de disposiciones parecidas en Alabama está muy claro".
La decisión de la Corte Suprema el lunes ensombreció parte de la alegría sentida por muchos hace más de una semana, cuando el presidente Barack Obama anunció que se suspenderían temporalmente las deportaciones de jóvenes inmigrantes sin papeles.
Cristina Jiménez, dirigente de la red de "dreamers" United We Dream, dijo el lunes que el fallo del tribunal "avala discriminación en general y discriminación según la apariencia física". La joven agregó, sin embargo, que "estamos contentos por las partes que quedaron sin efecto".
Por su parte, la gobernadora del estado de Arizona, Jan Brewer, quien firmó la SB1070, dijo el lunes que ha quedado demostrado que el "corazón" de la ley es constitucional.
"Hoy es un día en que el componente clave de nuestros esfuerzos por proteger a los ciudadanos de Arizona, con balance y constitucionalidad, ha sido reivindicado de forma unánime por el máximo tribunal del país", señaló.
Condenan a 20 y 10 años de prisión a dos que mataron a un policía
La sentencia fue emitida contra Rafael Moreta García alias (plata), quien deberá cumplir 20 años en prisión y Alejandro Nina Vicente y/o Alejandro Nina Berigüete, condenado a diez, por haber dado muerte al agente de la Policía, Hanser Iván Garó Díaz.
Un comunicado de la Fiscalía explica, que según consta en el expediente instrumentado el día 13 de octubre del año 2010, la víctima se presentó junto a otro agente adscrito al departamento antinarcóticos de la Policía, a un punto de drogas ubicado en un sector del municipio de los Alcarrizos con la finalidad de hacer un trabajo de inteligencia.
Dice que uno de los testigos del hecho relató en la audiencia, que el policía muerto y su acompañante se presentaron a la vivienda en que operaba el centro de expendio de sustancias narcóticas e inmediatamente se identificaron y Moreta García la emprendió a tiros contra ellos, quitándole la vida a Garó Díaz.
Alejandro Nina Vicente Y/o Alejandro Nina Beriguete, facilitó la huida del lugar del hecho a Moreta García, por lo cual fue sentenciado a diez años de prisión, describió.
Además de pagar una indemnización de tres millones de pesos, los dos hombres deberán cumplir su condena en la cárcel de la Victoria.
La Policía mata a tres presuntos delincuentes en Puerto Plata y Dajabón
Miembros de la Policía Nacional ultimaron a balazos a tres presuntos delincuentes en Puerto Plata y Dajabón, que presumiblemente los enfrentaron con armas de fuego cuando eran perseguidos.
Las víctimas fueron identificadas como José Antonio Cuevas, de 39 años de edad, José Humberto Castillo López, de 35 y Stalin de Jesús Polanco, de 24 años.
El vocero de la Dirección Norte de la Policía Nacional en Puerto Plata, coronel Jesús Cordero Paredes, dijo que Cuevas y Castillo López, fallecieron al enfrentar a una patrulla de esa institución en el sector Mamoncito de la comunidad de Maimón, de esa provincia.
Cordero Paredes significó que Cuevas tenía diez fichas y Castillo López 15, la mayoría por robos y atracos.
El oficial comunicó que los dos hombres mantenían en zozobra a la zona y que se les ocuparon mercancías robadas y un revólver calibre 38.
En lo que corresponde a Stalin de Jesús Polanco, la Policía en Dajabón, informó que expiró cuando junto a otros dos individuos, uno de ellos detenido y el otro prófugo atacaron a tiros a agentes de esa institución que los perseguían tras cometer un atraco en el sector Bomberos de Partido.
La Policía reveló que tanto el occiso, el detenido y el prófugo golpearon con un revólver calibre 38 a la señora Rosa Estévez, de 49 años, a la que despojaron de dinero y prendas.
La mujer al dar la voz de alarma, moradores de la comunidad junto a miembros de la Policía persiguieron a los tres hombres dándole alcance en una finca, según el informe.
La Policía comunicó la víctima enfrentó a los agentes con un revólver, el cual fue recuperado.
La uniformada precisó que fue detenido José Amador Martínez, de 45 años de edad, quien acompañaba al occiso. El apresado y el muerto vivían en Pueblo Nuevo, de Santiago, de acuerdo a la Policía.
Cuatro personas resultaron con heridas leves en choque múltiple en la 6 de Noviembre
En el lugar donde se deslizaron los vehículos, luego de la colisión, tiene un gran número de viviendas y niños que forma milagrosa resultaron ilesos.
El hecho ocurrió, según informó el capitán de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), Wilson Gómez, cuando un minibús que remolcaba a otro fue embestido por un camión arenero que se desplazaba por la avenida 6 de Noviembre, procedente de Baní.
El camión se desplazaba en dirección Oeste-Este, impactando además a otros vehículos que circulaban en el entorno.
Los heridos no fueron identificados de inmediato, pero que dijo que son el chofer del camión, una mujer que lo acompañaba así como el conductor del minibús y el de otro de los vehículos accidentados, quienes fueron atendidos en el hospital de Balsequillo.
El camión destrozado, el minibús, una guagua de venta de agua al granel, una camioneta cargada de mangos y otros vehículos se deslizaron por una hondonada quedaron a pocos metros de varias viviendas.
Unidades del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal y agentes de Amet se presentaron al lugar de manera inmediata despejando la zona.
Cientos protestan en Haití por plan para destruir barriada
La policía arrojó gas lacrimógeno en un intento por controlar a los manifestantes, algunos de los cuales respondieron lanzando rocas a los oficiales.
Los manifestantes recorrieron las calles de Petionville, la zona metropolitana de Puerto Príncipe, mientras amenazaban con incendiar ese distrito relativamente próspero si las autoridades echan abajo sus viviendas.
Un alto funcionario del Ministerio del Medio Ambiente, Pierre Andre Gedeon, dijo la semana pasada a una radioemisora local que el gobierno quiere demoler varios centenares de casas a fin de construir canales y reforestar laderas para contener las riadas, a veces mortales, que llegan con la temporada anual de lluvias.
Las autoridades no han hecho desde entonces otra referencia al plan. El lunes fueron hechos varios llamados a ese ministerio, sin tener respuesta.
Muchos de los hogares amenazados se encuentran en Jalousie, una barriada con casas de concreto que se extiende por la ladera de una colina en Petionville.
Los manifestantes dijeron que el presidente Michel Martelly incumplió su promesa de reconstruir las casas derrumbadas por el terremoto de 2010. El desastre destruyó decenas de miles de viviendas en la capital y otras ciudades del sur. Las autoridades dijeron que perecieron 314.000 personas.
"Martelly no construyó ninguna casa. ¿Por qué puede destruir nuestras casas?", preguntó Joel Jean-Pierre, de 22 años. "Si viene a destruir nuestras casas, quemaremos Petionville".
El gobierno construye centenares de casas al norte de la capital, pero son insuficientes para alojar a las más de 400.000 personas que siguen en asentamientos inseguros que aparecieron tras el sismo.
En una gestión para ayudar a la gente que sigue habitando en campamentos, el gobierno haitiano y grupos internacionales de ayuda y gobiernos extranjeros concedieron subsidios para renta por un año. Los residentes de seis campamentos se trasladaron a viviendas precarias en las colinas como Jalouise, donde algunos temen ahora la demolición de sus casas. Otros llegaron luego de que fueron desalojados por los propietarios de las tierras donde acampaban.
La capital haitiana tiene unos 3 millones de habitantes. Durante el transcurso de los años, han proliferado viviendas precarias en las laderas de las montañas, que se desploman cuando llueve torrencialmente, debido a que los gobiernos anteriores y presentes no han logrado proporcionar una vivienda asequible.
La marcha del lunes inició de forma pacífica, pero algunos manifestantes arrojaron rocas a un hotel financiado en parte por el Fondo Clinton Bush Haiti, una fundación sin fines de lucro creada después del sismo por los ex presidentes estadounidenses Bill Clinton y George W. Bush. Los manifestantes se molestaron al ver el opulento hotel bajo construcción en medio de los temores de que perderán sus hogares.
Cuando los manifestantes llegaron al centro de Puerto Príncipe, la policía antimotines trató de disolver a la multitud lanzando latas de gas lacrimógeno. Algunas personas arrojaron rocas a la policía y también a conductores que pasaban por el lugar, y las ventanas de varios vehículos fueron quebradas.
Los periodistas de The Associated Press vieron a una mujer con una lesión en la cabeza tras recibir una pedrada en la cabeza.
Hombre mata amigo en arrebato de celos
La víctima fue identificada como Irvin Eduardo Lazala, de 22 años de edad, y el victimario como Wellington García, de 32, quien tan pronto cometió el homicidio emprendió la huida.
Carolina González, novia del hoy occiso, narró a elCaribe que Wellington estaba molesto debido a que presuntamente su pareja intentaba conseguir que Ismelda Almonte, su exnovia, se enamorara de otro amigo.
“Mi hermano lo aconsejaba mucho y le decía que dejara tranquila a Ismelda, que él ya era un hombre casado, pero se molestó porque pensaba que él se la estaba consiguiendo a otro”, indicó, en tanto, Elizabeth Lazala, hermana de Irvin.
La tragedia mantiene consternado a los moradores del sector donde residía Lazala, quienes lo definen como un muchacho sano.
En otro hecho, un motorista resultó muerto en u accidente vial ocurrido en Navarrete. Hasta el momento, el cuerpo no ha sido identificado.
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