cLa Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó la designación de un juez de la Instrucción Especial de la Corte de Apelación del Distrito para que conozca el pedido de apertura a juicio contra Awilda Reyes y Francisco Arias.La instancia de 27 páginas fue depositada en la Secretaría de la Corte de Apelación y tipifica la conducta de los imputados como soborno, prevaricación y asociación de malhechores, debido a que valiéndose de su condición de miembro del Consejo del Poder Judicial, Arias Valera entregó 350 mil pesos a la suspendida jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito, Awilda Reyes, para dejar en libertad al regidor por Pedro Brand, Erison de los Santos Solís, acusado de sicariato.
Agrega que el exconsejero también instruyó a la jueza para que se devolviera 20 millones de pesos a la sociedad Prado Universal Corp., empresa constructora de la torre Atiemar vinculada al narcotraficante Arturo del Tiempo, lo mismo para la devolución de una aeronave secuestrada por la fiscalía del Distrito debido a su vinculación con uno de los ejecutivos del quebrado Banco Peravia.
“En sentido general, con estas sentencias dictadas por la imputada Awilda Inés Reyes Beltré pretendemos probar la existencia y el funcionamiento de todo un entramado criminal para la negociación de decisiones judiciales dirigido por el imputado señor Lic. Francisco Alberto Arias Valera”, señala Pepca en su acusación.
En su expediente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, pide declarar la admisibilidad de la acusación así como los elementos probatorios que la sustentan.
Además mantener la prisión preventiva de tres meses que les dictó el juez de la Instrucción Especial Ramón Horacio González Pérez, el pasado 17 de diciembre por considerar que es la medida más idónea para que los procesados no se sustraigan del proceso que se les sigue.
No se sabe dónde están los 350 mil pesos
El Ministerio Público señala que los imputados mantienen escondidos el dinero producto del ilícito investigado, a pesar de las múltiples diligencias de investigación realizadas en el caso, entre las que señalan; mediaciones de terceras personas, conversatorios, requerimientos y el allanamiento practicado a la residencia de la suspendida jueza Awilda Reyes.
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