El Gobierno y las FARC firmaron ayer martes el acuerdo más complejo de la agenda del proceso de paz sobre las víctimas del conflicto, que abre la puerta a una reconciliación efectiva y garantiza la aplicación de justicia para guerrilleros y militares, enfrentados desde hace más de 50 años.
“No se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad”, dijo el jefe de la delegación oficial Humberto de La Calle.
El representante de la delegación rebelde, comandante rebelde Iván Márquez, afirmó que a la guerrilla no le “interesa aplaudir la entrada a la cárcel de nuestros adversarios de la prolongada guerra. No nos vamos a solazar viendo la puesta tras las rejas de un oficial del Ejército o de la policía o de un alto funcionario o de un financiador de la guerra surgido de la empresa privada, preferimos trabajar con ellos... reconstruyendo sociedad y patria”.
El acuerdo sobre el punto de víctimas entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los representantes del presidente Juan Manuel Santos fue firmado en presencia de una decena de personas que sufrieron en carne propia el conflicto en una emotiva ceremonia en la cual también se hizo un minuto de silencio y se prendieron velas blancas.
Las partes acordaron lo que llamaron “un sistema integral” de cinco aspectos principales: una comisión para el esclarecimiento de la verdad; una unidad especial para la búsqueda de desaparecidos; un paquete de medidas de reparación y otro para garantías de no repetición del conflicto. El punto cinco, el más polémico, el de la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal que tendrá carácter jurídico y se encargará de condenar las violaciones a los derechos humanos y aplicar sentencias efectivas.
“La violencia y el dolor desmesurado de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento”, dijo Márquez, cuyo nombre legal es Luciano Marín Arango
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