El diputado Tobías Crespo asegura que en estos momentos la ley se encuentra en dos comisiones: la Comisión Permanente de Obras Públicas de la Cámara de Diputados y en la Comisión Permanente de Justicia. Esta última está tratando lo que son las infracciones, las multas y las sanciones y está ajustando todo el tema de la parte judicial al Código Penal y al Código Civil. La ley también contiene sanciones administrativas.
La iniciativa crea el Intrant, el Instituto Nacional de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que tendrá una Junta Directiva compuesta por los principales ministros, entre ellos el de Obras Públicas, el de Salud, Educación, Medio Ambiente y de Turismo.
El presidente de la Junta Directiva será nombrado por el Poder Ejecutivo, lo van integrar, además, representantes de los transportistas, un representante de los ayuntamientos y de los municipios, un representante de los derechos del consumidor y de los usuarios y un representante del Conep y de la AIRD.
El Consejo directivo se encargará de aprobar los reglamentos y las resoluciones que esta misma ley manda a que se aprueben en un plazo de seis meses y cualquier otro reglamento que la realidad y la misma ley vayan demandando para no tener que modificarla.
Rol de la Amet
En este sistema, la Amet queda convertida en un cuerpo especializado, técnico y científico, armado para viabilizar, fiscalizar y hacer cumplir la ley, y que se llamará, Cuerpo Especializado de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (CESETT).
Otro punto interesante del anteproyecto es que obliga a los sindicatos y federaciones de transporte a convertirse en empresas privadas.
Este punto ha sido el más debatido y uno de los que más ha retrasado la aprobación de la ley. “Es una ley que afecta o beneficia a diferentes sectores. Estamos hablando de una ley que maneja el país.
La iniciativa la depositamos el 17 de agosto del año 2011, se convocaron a todas las autoridades oficiales, a la Procuraduría General de la República, la Superintendencia de Seguros, el Conep y la AIRD, asociaciones sin fines de lucro que trabajan con la seguridad vial, todas las instituciones oficiales que tienen que ver con el sector, todos los transportistas, la Asociación de Fabricantes de Vehículos, las empresas de seguros, todos han depositado sus recomendaciones por escrito”, explica el diputado Tobías Crespo, quien además afirma que nadie se ha opuesto a la ley.
El ayuntamiento
Sin embargo, a juicio del ingeniero urbanista y regidor Kalil Michel, la ley busca centralizar en una sola institución el manejo del tránsito, pero no lo hace desde la perspectiva del ayuntamiento como eje central.
“Según la ley 176-07, que es la ley que rige la vida municipal en la República Dominicana, el tránsito en cada una de las ciudades de nuestro país, es competencia directa del ayuntamiento o de los ayuntamientos. La cercanía del gobierno local con el ciudadano es lo que permite mayores niveles de transparencia, de eficacia y mayores niveles de efectividad en el manejo de las propuestas.
Una institución no puede tener la coordinación de tantos modelos de ciudad, cuando hay más de 400 municipios o distritos municipales en la geografía nacional. Esa debe ser tarea de los gobiernos locales en cada demarcación”.
Cuatro temas esenciales
La ley es la primera y única en Latinoamérica que maneja los cuatro temas esenciales como son la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial, “es casi un código más que una ley, porque abarca todos los ejes del sector”, afirma Crespo.
En esta ley, contrario a como ocurre en la actualidad, los subsidios están destinados a tres sectores, que son los envejecientes, los estudiantes y los discapacitados.
Esta ley crea, dentro del cuerpo especializado de Seguridad y Tránsito, unidades de investigación de accidentes de tránsito, que preparará un informe técnico y científico de cada accidente, donde especificará quién lo causó, establecerá los daños a la propiedad privada, pero también a la propiedad pública.
“Actualmente cuando hay accidentes y se llevan un poste del tendido eléctrico, un semáforo, un pórtico, los cables del teléfono, las compañías de seguros no reponen esos daños a las empresas privadas ni al Estado, porque en el acta no se hace un levantamiento de esos daños”.
Establece la obligatoriedad de la educación vial, tanto en la educación media, como básica. Penaliza y criminaliza, un accidente sin licencia y atravesar la luz roja. Lo criminaliza e impone penas muy severas.
Beneficios para choferes y el usuario
La nueva ley contempla la renovación del parque de vehículos e incentivos para el uso de una flota de vehículos, impulsados con motores que consuman combustible amigable al medio ambiente. Busca, además, la reducción de la tarifa para el usuario, la capacitación de los choferes y profesionaliza las licencias de conducir. Esto le permitirá al Estado saber quiénes están utilizando la licencia para trabajar y al funcionar como empresas, podrán obtener pensiones y acceder al sistema de Seguridad Social. “Tenemos una de las leyes en materia de tránsito y transporte más modernas de América Latina”, expresó el ingeniero Onéximo González.
Intrant
La ley crea el Intrant, el Instituto Nacional de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
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