El impuesto a las ganancias mineras

El presidente Danilo Medina dio en el clavo cuando argumentó que, en el contexto actual de altos precios del oro, el contrato de concesión entre la Barrick Gold y la República Dominicana concentraba exageradamente los beneficios en la empresa minera, mientras que el país no recibía lo justo.  Sin embargo, se quedó corto en la solución, porque lo que propuso fue un calendario más ventajoso de pagos al Estado por su participación en las utilidades netas del proyecto. Eso es importante porque los flujos adelantados representan, de hecho, un volumen real de recursos mayor. Pero el problema de fondo es un contrato que, igual que el de Placer Dome, impide que el Estado capture una parte adecuada de los beneficios extraordinarios que se derivan de los elevados precios de los minerales porque ponen un límite a la participación estatal en los ingresos netos del proyecto. Eso no lo corrige una negociación como la planteada por el Presidente.  El argumento “el oro es nuestro” usado para reclamar beneficios justos para el país podrá parecer romántico y desconectado de las duras realidades económicas y contractuales, pero en este caso tiene mucho sentido, porque las ganancias extraordinarias que el proyecto obtendrá se derivan de los altos precios, un hecho ajeno al proyecto y a su eficiencia. Sencillamente, el valor de los yacimientos, que son propiedad del Estado dominicano, creció. Es, por lo tanto, más que razonable que el Estado sea el principal beneficiario de ese evento.  Ya la empresa minera tiene garantizada por vía del contrato (algo muy cuestionable), una atractiva tasa de retorno de 10% sobre la inversión, la cual quizás duplica el costo de la deuda en que incurrió para hacer la inversión. Esto, en sí mismo, es un excelente negocio. Pero si encima de eso, gana la mitad de los ingresos extraordinarios asociados a la subida de los precios del oro, es como ganarse el premio grande de la lotería multiplicado por mil.  Por eso, no se trata sólo de reclamar más dinero ahora. La sociedad debe demandar una participación mucho mayor en los beneficios extraordinarios que resultarán de que su oro se ha encarecido. Es imperdonable que, sabiéndose el hecho de que durante los siete años previos a que Barrick lograse que el Estado dominicano aceptara y firmara la enmienda del contrato, el precio del oro se multiplicara por tres, y los negociadores accedieran a un pírrico incremento en la participación en las utilidades netas en la enmienda, y que no consideraran la posibilidad, como en efecto pasó, de que los precios continuaran subiendo.   Aunque sea demasiado optimista, y sólo con fines de ilustrar, si el precio del oro se mantuviese en 1,500 dólares la onza, el proyecto generaría ganancias extraordinarias, por encima de lo pagado a la corporación por su inversión, por más de 12 mil millones de dólares. La mayor parte de ello debería corresponder al Estado, pero el contrato niega ese derecho.  Ecuador resolvió este tema en 2009 cuando aprobó su Ley de Minería que incluye un impuesto de un 70% sobre beneficios extraordinarios. Otros países, incluyendo los Estados Unidos, han introducido figuras similares. Ese es el camino a seguir, el de impuestos a ganancias inesperadas, para no repetir la historia y evitar que la riqueza mineral sea apropiada por unos pocos. El Estado puede compartir esas ganancias con las empresas concesionarias como un atractivo para atraer más ofertas de contratos y de mayor calidad, pero sólo como eso, como un incentivo, no como un derecho de participación en igualdad de condiciones.  Hay que sentar sólidas bases para un nuevo modelo minero que además de lograr una actividad ambientalmente responsable, haga posible que el país aproveche financieramente la oportunidad. Eso pasa por crear un régimen tributario especial para la minería que siente las reglas para todos los contratos de concesión.  Estamos obligados a no seguir reproduciendo la lógica perversa que ha dominado nuestros modelos de desarrollo en la que los recursos naturales y el trabajo de la gente no son valorados justamente porque lo que termina quedando es “tierra arrasada” y una concentración impresionante de los beneficios.