Los sectores medios, que se sienten los principales financiadores del Estado están indignados con Leonel Fernández y su administración de ocho años por el desastre fiscal que han dejado, pero más que nada por la secuela de corrupción y abuso en el uso de los recursos.
Fueron testigos silentes, impotentes y auto-reprimidos de cómo sus impuestos enriquecieron a miembros del grupo político en el poder, y de grupos políticos y económicos vinculados. Pero cuando llegó la noticia del tamaño de exceso fiscal en 2012 y el deseo de impunidad, de complacer el anhelo de transcendencia personal de Fernández, de satisfacer las continuadas ambiciones económicas de muchos, y de que había que buscar más recursos para pagar la deuda que financió un gasto de una calidad muy reprochable durante los últimos años, la indignación estalló.
El asombro no ha sido sólo el estallido, sino también el contenido profundo de su reclamo, el cual trasciende el interés individual y utilitarista que comúnmente se le endilga. No están protestando meramente por los “chelitos” que les van a quitar, sino por uno superior y colectivo: el fin de la impunidad y una gestión honesta de los recursos de todos y todas. ¡Vaya sorpresa!
Pero eso tiene su explicación, por supuesto. Por el nivel de información que manejan, son esos sectores los que comprenden con más cabalidad lo que significa un Estado que funcione y la existencia de un régimen de consecuencias; son ellos los más conscientes de lo que son sus derechos, incluyendo el derecho a la libre expresión; y son ellos también los que se sienten más protegidos y menos vulnerables a los desmanes y abusos de los corrompidos aparatos de seguridad del Estado debido a que tienen un acceso privilegiado a la prensa y tienen una capacidad de vinculación entre ellos y de conexión al resto del mundo a través de las tecnologías de la información y las redes sociales que no tienen los sectores pobres.
Pero además, esta rebelión de la clase media apunta a un cambio significativo en la conciencia de esos sectores, desde una que se preocupaba sólo por lo suyo a otra en la que su propio bienestar depende del éxito del proyecto colectivo, de la viabilidad de la nación y de la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios para todos y todas.
Han hecho mayor conciencia de que sin justicia, educación, infraestructura pública, salud y protección del medio ambiente, su propia existencia está en juego, y que eso depende críticamente de la calidad del Estado. Es por ello que han decidido actuar.
Las protestas tienen a más de uno desconcertado, y las respuestas han sido arrogantes y torpes, y han azuzado la indignación. Como no logran comprender que el escenario está cambiando muy rápidamente y que de lo que se trata es de la emergencia de un nuevo actor, todavía algo amorfo y muy diverso, siguen actuando bajo una vieja lógica con la que no logran identificar al “enemigo”. Lo buscan en la oposición partidaria, pero obviamente allí no está; buscan cabezas pero no logran identificarlas porque son muchas; y algunos hasta buscan atemorizar, pero no lo logran porque en mucho se trata de una población joven que no tiene miedo.
Sin embargo, para fortalecer la efectividad de las movilizaciones de los sectores medios, urge articularlas a las tradicionales movilizaciones de los sectores populares que cotidianamente demandan servicios básicos y seguridad en sus territorios. A ellas hay que visibilizarlas y darles trascendencia nacional, y a las protagonizadas en las grandes ciudades hay que darle un sentido local y/o sectorial concreto, que tenga sentido para la gente común. A su manera y desde su propia realidad, los sectores populares tienen años luchando por una reforma fiscal integral y por un Estado decente.
Por ello, junto al sentido de oportunidad, la vinculación con los actores en los territorios es crucial para lograr mayor efectividad en el reclamo de justicia y el fin de la impunidad.
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