El Gobierno de EE.UU. encontró hoy dificultades para defender ante el Tribunal Supremo sus argumentos en contra de la polémica ley de inmigración de Arizona, que fueron cuestionados por los jueces más conservadores.
La máxima instancia judicial del país celebró hoy una audiencia sobre este caso, en el que se dirime si es o no constitucional la ley conocida como SB1070, que convierte en delincuentes a los inmigrantes sin papeles en ese estado.
Aunque la audiencia repasó las cuatro cláusulas que han sido bloqueadas por los tribunales de menor instancia, los jueces centraron su atención en la que permite que la policía verifique el estatus migratorio de toda persona que sea detenida por alguna otra infracción y sobre la que albergue una "sospecha razonable" de que es indocumentada.
El abogado del Gobierno de Obama ante el Supremo, Donald Virilli, argumentó que sólo el Gobierno federal tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Pero la mayoría de los jueces conservadores, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y el juez Antonin Scalia, mostraron cercanía con la posición de Arizona de que la SB1070 sólo busca complementar las tareas migratorias del Gobierno federal y deja en sus manos las deportaciones.
Para Roberts, la oposición del Gobierno de Washington a la SB1070 puede indicar que "simplemente no quiere saber quién está acá ilegalmente o no".
"¿El estado no tiene poder de cerrar sus fronteras a gente que no tiene derecho de estar allí? ¿Qué significa la soberanía, si no puedes defender tus fronteras?... un estado puede vigilar sus fronteras" según reconoce la Constitución, argumentó Scalia.
La jueza Sonia Sotomayor, la única latina en el Supremo, también acribilló a preguntas a ambas partes en el caso pero, alegando confusión, dejó entrever que Virilli no había logrado persuadirlos.
El argumento del Gobierno "no está vendido bien", observó Sotomayor.
Por su lado, el abogado de Arizona, Paul Clement, dijo que el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para controlar la inmigración ilegal y que estados como Arizona tienen derecho a asumir tareas migratorias.
Pero Verilli argumentó, entre otras cosas, que la SB1070 no sólo puede conducir a encarcelamientos masivos, sino que puede afectar las relaciones bilaterales con México.
Señaló que entre el 60 % y el 70 % de las personas deportadas de EE.UU. lo son a México, país con el que el Gobierno estadounidense busca una estrecha cooperación.
"¿Tenemos que aplicar nuestras leyes de una manera que satisfaga a México?", preguntó entonces de manera retórica Scalia, en uno de sus intercambios con Verilli.
En su dictamen el Supremo puede reafirmar la ley, revocarla o dejar en pie sólo algunas de sus partes.
Sólo ocho de los nueve magistrados participaron en la audiencia ya que la juez Elena Kagan se apartó en diciembre pasado del caso porque cuando era abogada del Gobierno ante el Tribunal Supremo tuvo vinculación con la SB1070.
Al salir de la audiencia, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se mostró optimista de que ganará el caso y no descartó que la ley estatal abra la puerta al encarcelamiento masivo de los cerca de 400.000 indocumentados que se calcula viven en su estado.
Además de Brewer, la audiencia contó con la asistencia de funcionarios de alto rango de la Casa Blanca, el autor de la SB1070 y ahora exsenador estatal republicano, Russell Pearce, y Kris Kobach, artífice de leyes contra la inmigración ilegal y prominente asesor del precandidato presidencial republicano Mitt Romney.
En paralelo, miles de activistas a lo largo de la zona de la frontera sur de EE.UU. y también en las escalinatas del edificio del tribunal en Washington realizaron vigilias y protestas para exigir la revocación de la ley.
Partidarios de la SB1070 también se manifestaron frente al Tribunal Supremo, aunque eran menos que los movilizados para pedir que se acabe con ella.
Como parte de una "guerra de desgaste" contra los indocumentados, la SB1070 ha servido de modelo para leyes similares en Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah, que también afrontan demandas y han sido bloqueadas.
Se prevé que el Tribunal Supremo emita su dictamen hacia finales de junio próximo, cinco meses antes de los comicios generales del próximo 6 de noviembre, en los que Obama se juega la reelección.
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