El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, informó ayer que los embargos judiciales sin contar con la autorización del ministerio público para el uso de la fuerza pública serán prohibidos por todas las fiscalías del país.
El procurador dijo que esa medida no se limitará a la Fiscalía del Distrito Nacional, que ya la dispuso, sino que instruirá a todos los fiscales del país, para lo cual solo espera la juramentación de los miembros del Consejo del Ministerio Público que fueron electos en asamblea celebrada el pasado seis de julio.
Dijo que anteriormente, la Ley del Ministerio Público no contemplaba la posibilidad de que esa institución pudiera autorizar el uso de la fuerza pública para la realización de embargos judiciales, pero que ahora la legislación lo obliga.
Jiménez Peña fue entrevistado previo a encabezar una reunión con fiscales de todo el país, que contó con la presencia de representantes de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) y de la Policía Turística (Politur).
Asonahores pidió al ministerio público que se convierta en un filtro para detener la ejecuciones de sentencias y embargos que, según dice la entidad, realizan alguaciles y jueces de paz de manera irregular, específicamente en la zona este del país, ante la ausencia de normas que regulen esa situación que califica como vandalismo.
De su lado, el fiscal Alejandro Moscoso Segarra informó que fue notificado ayer de un acto, mediante el cual más de 100 alguaciles protestan contra la medida de la Fiscalía de prohibir los embargos sin previa autorización de la fuerza pública.
En el período enero-diciembre de 2010, la Fiscalía del Distrito Nacional recibió 267 solicitudes de uso de la fuerza pública para ejecuciones judiciales, para 177 embargos, equivalente al 66%, y para 90 desalojos, correspondiente al 34%.
De la totalidad de los expedientes presentados, según un reporte del Departamento de Estadísticas de la Fiscalía, 109 fueron conciliados y 18 fueron ejecutados.
Mientras que en los primeros seis meses de este año, fueron presentados 103 expedientes, 80 para embargos y 23 para desalojos, siendo ejecutados 8 expedientes, y conciliados 48.
Asonahores preocupadaLa preocupación de Asonahores fue externada a los representantes del ministerio público por su asesor legal, Jesús Almánzar, quien advirtió que si esa práctica continúa llevaría el sector turismo a la quiebra.
Almánzar sostuvo que, aunque a veces se autoriza a la fuerza pública para algunos embargos, el ministerio público tampoco participa y las acciones las encabezan alguaciles y oficiales.
En el encuentro participó también el presidente de Asonahores, Julio Llibre, quien le cedió la oportunidad a Almánzar para que expusiera sobre la inquietud de esa entidad.
El procurador Jiménez Peña aseguró que actuarán en contra de las personas o funcionarios que se dedican a ese tipo de actividad, una vez sea aprobado el reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
“Tenemos la responsabilidad de hacer que se cumplan la ley, no importa quien la vulnere, llámese alguacil, llámese jueces”, precisó el funcionario.
Dijo que hay jueces de paz que desbordan sus atribuciones haciendo embargos, muchos de los cuales se producen con la participación de alguaciles, pero señaló que esa situación deber ser tratada por Asonahores con la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
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